Iván Rivera
La respuesta del Gobierno de México a las acusaciones por narcotráfico contra funcionarios de Morena escaló a un nuevo nivel, luego de que, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que no se permitirán señalamientos sin sustento ni injerencias externas, al mismo tiempo que advirtió, cualquier acción legal deberá resolverse exclusivamente bajo la jurisdicción mexicana y con base en pruebas.
El posicionamiento surge luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicas imputaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros actores políticos, entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán, a quienes vincula con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los señalados habrían colaborado con esta organización criminal para facilitar el tráfico de drogas hacia su territorio, incluyendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
Sin embargo, Sheinbaum delineó la postura del Ejecutivo: si existen pruebas contundentes, el Estado mexicano actuará conforme a la ley; pero si no las hay, las acusaciones podrían responder a intereses políticos.
“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia, nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, expuso.
La mandataria dejó entrever que el asunto de las órdenes de extradición tendría que ver más con un trasfondo político de intentos de intervención en México, más que en una apuesta por detener las redes de trasiego de drogas hacia el país fronterizo.
“Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer valer la Constitución y las leyes, asimismo, asumí el firme compromiso de hacer velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Mi posición ante estos hechos es: verdad, justicia y defensa de la soberanía”, apuntó.
Cierran filas
A la par, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el pasado 28 de abril recibió 10 solicitudes formales de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis.
Sin embargo, la Cancillería precisó que dichas solicitudes no incluían elementos de prueba suficientes para acreditar la responsabilidad de los señalados.
En esa misma línea, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, indicó que la institución iniciará una investigación propia para verificar si existen datos que sustenten las acusaciones, al señalar que el marco legal obliga a revisar la viabilidad de cualquier solicitud de extradición antes de proceder.
El caso se detonó tras el anuncio realizado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, quienes dieron a conocer cargos formales contra una decena de funcionarios mexicanos, incluidos mandos policiales y exservidores públicos de Sinaloa, por presunta conspiración para el tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
En el frente político, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena cerró filas con el Gobierno federal y expresó su respaldo a la postura de Sheinbaum.
En un comunicado, el partido calificó como “preocupante” que se soliciten extradiciones sin pruebas, al considerar que ello vulnera el debido proceso y el Estado de derecho.
Además, cuestionaron la forma en que se difundió la información por parte de autoridades estadounidenses, al señalar que podría contravenir los acuerdos de confidencialidad establecidos en los tratados internacionales.
Morena también brindó su confianza en que la FGR actuará conforme a derecho y en defensa de la soberanía nacional tras los señalamientos considerados sin fundamentos por parte del gobierno de Donald Trump.
Rocha Moya rechaza acusaciones
En tanto, el gobernador Rubén Rocha Moya negó de forma tajante los señalamientos en su contra difundidos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, al asegurar que carecen de veracidad y sustento legal.
A través de un mensaje en redes sociales, sostuvo que las imputaciones serán desmentidas “con toda contundencia” en el momento oportuno.
El mandatario estatal también enmarcó las acusaciones en un contexto político más amplio, al afirmar que se trata de una ofensiva contra el movimiento de la 4T.
Rocha Moya apeló al artículo 40 de la Constitución mexicana para reforzar su postura y aseguró que su gobierno defenderá ese principio como “invariable e innegociable”.
Entrevistado además este jueves, aseguró que “no hay nada que temer” ante las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa y afirmó que se mantiene tranquilo frente a los señalamientos, además de que descartó separarse del cargo.
