Staff Hoja de Ruta
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se convirtió en la autoridad de mayor jerarquía en México en ser acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa.
En un hecho inédito en la historia de las relaciones bilaterales entre México y EU, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York incluyó en dicha acusación al senador de Morena Enrique Inzunza Cázares; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como a otros seis funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Acompañado por el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance C. Cole, el fiscal del Distrito Sur, Jay Claytón, informó que delitos son conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, por lo que podrían ser castigos con 40 años prisión hasta cadena perpetua.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”, afirmó Jay Clayton.
Sin pruebas, solicitud de extradición
La medida fue acompañada por una solicitud formal de extradición de todos los involucrados, la cual fue entregada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el pasado 28 de abril, a las 18 horas.
Tras darse a conocer la investigación en EU, la Cancillería mexicana anunció que la documentación entregada “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, pero aun así sería la Fiscalía General de la República “quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes”.
La respuesta de la FGR no tardó en llegar. Por la tarde de este miércoles, el vocero de la institución, Ulises Lara López, sostuvo que “el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país
“De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
No obstante, apuntó que la fiscalía iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
A la par, explicó que la legislación mexicana establece que “en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos”.
La denuncia y las reacciones
De acuerdo con el expediente radicado ante la Corte Sur de Nueva York, los involucrados en la investigación de la fiscalía son el gobernador Rubén Rocha Moya, sobre quien pesan graves acusaciones en México y Estados Unidos por sus vínculos con la fracción de Los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, así como por ser presuntamente uno de los responsables de la entrega a la DEA de Ismael Zambada, alias “El Mayo”, ocurrida el 25 de julio de 2024.
Tras conocerse el anuncio de la investigación, Rocha Moya se deslindó de los señalamientos al advertir que “carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”.
A través de su cuenta de X, abundó: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
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Por su parte, el senador Enrique Inzunza también calificó las acusaciones en su contra como falsas y dolosas.
El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal…
— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026
El resto de los acusados son: Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas estatal; el fiscal adjunto de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, así como los exjefes de la Policía de Investigación de la fiscalía Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la policía estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil , presidente municipal de Culiacán; además del excomandante de la Policía Municipal de ese municipio, Juan Valenzuela Milán, alias “Juanito”.
El alcalde de Culiacán también fijó su postura en redes sociales. “Rechazo los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público. Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”, posteó en sus cuentas oficiales.
Apoyo de Los Chapitos
El expediente que se puede consultar en la página del Fiscal Federal del Distrito Sur establece que la presunta relación entre Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, en especial con Los Chapitos, data desde antes de 2021 cuando habría pactado con ese grupo criminal darle todas las facilidades para sus actividades criminales a cambio de apoyarlo en la elección.
El pacto quedó confirmado, según el expediente, el mismo día de la elección al documentarse la intimidación a candidatos y votantes, así como el robo de urnas y boletas durante los comicios.
Al arribar al gobierno de Sinaloa, abunda la denuncia, Rocha Moya no solo proporcionó información sensible al grupo criminal para su libre operación sino que incorporó a corporaciones policiacas y áreas estratégicas a perfiles afines a dicho cártel.
Latinus advirtió que el expediente de la fiscalía estadounidense asienta que el mandatario estatal “permitió que autoridades estatales y municipales actuaran en beneficio del grupo criminal; toleró que integrantes del cártel operaran con impunidad en distintas regiones del estado, y tuvo acuerdos con líderes criminales”.
Más aún: “Rocha Moya habría sostenido encuentros con líderes de Los Chapitos, en los que se discutieron mecanismos de colaboración. En dichas reuniones —custodiadas por hombres armados del cártel— se habrían definido acuerdos para mantener el control del grupo sobre corporaciones de seguridad y garantizar la continuidad de sus operaciones de tráfico de drogas”.
