Iván Rivera
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, colocó la detención de Roberto de los Santos El Bukanas, como un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del estado y, al mismo tiempo, como evidencia de lo que no se logró durante más de una década.
El mandatario no esquivó la crítica: aseguró que, a lo largo de 10 años y bajo al menos ocho administraciones, no fue posible detener a uno de los principales operadores del robo de combustible en Puebla, aun cuando la entidad llegó a figurar entre las de mayor incidencia en este delito durante el auge del huachicol.
Desde esa postura, Armenta sostuvo que la reciente captura refleja un cambio en la coordinación entre autoridades, al destacar la participación conjunta de instancias estatales, federales y fuerzas armadas en el operativo. Un esquema que dijo, en el pasado no había logrado resultados concretos frente a estructuras criminales consolidadas.
“Es un esfuerzo colectivo contundente, hay una coordinación plena entre los tres niveles de gobierno, durante muchos años quienes tenían que abrir los ojos y atender no lo hacían”, manifestó.
Aunque adelantó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de ampliar la información en una rueda de prensa programada para este lunes, el gobernador delineó el alcance de la detención y el perfil del grupo desarticulado.
La aprehensión se realizó en la comunidad de Tres Cabezas, en el municipio de Chignahuapan, tras un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, junto con efectivos de Marina, Defensa, Guardia Nacional y la Fiscalía.
En la acción también fueron detenidas otras seis personas identificadas como integrantes del grupo conocido como “Los Bukanas”.
De acuerdo con reportes, esta organización no sólo estaba vinculada al robo de hidrocarburos, sino que operaba en distintos frentes delictivos: asaltos a transporte de carga -principalmente en corredores que conectan con Hidalgo-, así como secuestro, extorsión, despojo y homicidios.
Durante el despliegue, las autoridades aseguraron armamento de alto poder, entre ellos fusiles AK-47, AR-15 y Galil, además de armas cortas, una escopeta, cartuchos útiles de distintos calibres y un vehículo con placas de Tamaulipas.
Una década prófugo
Pero más allá del operativo, la figura de El Bukanas remite a uno de los periodos más complejos en la historia reciente de Puebla.
Su nombre se volvió recurrente durante los años más críticos del robo de combustible, particularmente entre 2013 y 2018, cuando el llamado Triángulo Rojo se consolidó como una de las zonas más conflictivas del país en materia de huachicol.
Roberto de los Santos no era un operador más. Era según diversas investigaciones, uno de los principales articuladores de una red que combinaba la extracción ilegal de combustible con control territorial.
Originario de Veracruz y con un pasado como policía municipal durante aproximadamente una década, aprovechó su conocimiento del terreno y sus posibles vínculos dentro de corporaciones de seguridad para construir una estructura criminal que con el tiempo extendió su influencia más allá de Puebla.
Antes de consolidar su propio grupo, habría tenido vínculos con células como Los Zetas y posteriormente con estructuras relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que le permitió ampliar operaciones hacia Veracruz y fortalecer rutas de distribución.
Su organización no sólo se dedicaba a perforar ductos. También se encargaba de resguardar, mediante presencia armada, los trayectos por donde se movía el combustible robado, lo que derivó en enfrentamientos con fuerzas federales, bloqueos carreteros y una escalada de violencia que marcó a comunidades enteras.
Durante esos años, el nombre de El Bukanas comenzó a asociarse no sólo con el huachicol, sino con un entorno de control, intimidación y violencia. En varias regiones del Triángulo Rojo, su presencia se convirtió en referencia obligada cuando se hablaba de seguridad.
Uno de los hechos más graves vinculados a su grupo ocurrió en marzo de 2017, cuando fue señalado por el asesinato de tres agentes de la Fiscalía de Puebla durante un enfrentamiento armado.
A pesar de operativos, cateos, detenciones de colaboradores cercanos e incluso recompensas que alcanzaron hasta 5 millones de pesos, su captura no se concretó durante años.
Reportes de inteligencia lo ubicaban de forma intermitente en la sierra de Veracruz, donde habría encontrado condiciones favorables para mantenerse oculto.
Autoridades de seguridad han coincidido en que su capacidad para evadir la justicia respondió a varios factores: conocimiento detallado del territorio, redes de protección locales y la fragmentación de los grupos criminales en la región, lo que dificultaba su localización.
En los últimos años, tanto la Fiscalía de Puebla como autoridades de Veracruz lograron detener a varios de sus presuntos operadores, incluidos familiares, lo que debilitó su estructura, aunque sin lograr ubicarlo directamente.
