El asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido en pleno Festival de las Velas, exhibió la vulnerabilidad del poder local frente a la criminalidad organizada. En respuesta, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que el Gobierno Federal ampliará los operativos en la entidad bajo el esquema de la Estrategia Nacional Antiextorsión, diseñada para desmantelar redes de cobro ilegal, secuestro y control territorial que persisten desde hace más de una década.
“Vamos a reforzar lo que hemos venido haciendo. Hemos tenido detenciones muy relevantes en Michoacán. No va a ser la excepción. Seguiremos actuando con investigación y no con fuerza desmedida”, expresó Harfuch. Su declaración llegó acompañada del reconocimiento de que en la región han muerto militares y agentes federales durante los últimos meses, lo que confirma que Michoacán sigue siendo una zona de confrontación entre fuerzas del Estado y grupos delictivos.
El caso Manzo se convirtió en un punto crítico: el alcalde contaba con protección federal y municipal desde diciembre, reforzada en mayo. Pese a ello, fue asesinado a metros de sus escoltas. Las autoridades confirmaron que uno de los agentes abatió al agresor, quien murió en el lugar. Harfuch fue enfático al descartar cualquier complicidad: “No hay indicio alguno de vínculo entre los policías municipales y el crimen organizado”.
El Gabinete de Seguridad informó que ya se cuenta con material de video proveniente de cámaras de negocios y del C5, con imágenes previas al ataque y del momento del crimen. Esas pruebas, junto con declaraciones de los testigos, conforman la primera etapa de la investigación que encabeza la Fiscalía General de Michoacán, en coordinación con la SSPC.
Las palabras del titular de Seguridad reflejan un equilibrio entre la estrategia política y la narrativa institucional. “Priorizamos la investigación sobre el uso de la fuerza”, insistió, intentando distanciar al Gobierno Federal de cualquier señal de militarización excesiva. Sin embargo, la realidad territorial de Michoacán exige despliegues masivos de Ejército y Guardia Nacional, y la permanencia de zonas donde la extorsión y el control de rutas económicas siguen marcando la agenda.
La muerte de Carlos Manzo —un alcalde independiente que pedía mano dura contra los cárteles— provocó la convergencia de los tres órdenes de gobierno. El Gabinete de Seguridad anunció una línea de investigación amplia que incluye la revisión de amenazas previas y del contexto político local.
Michoacán vuelve, así, a ocupar el centro del tablero federal. La violencia política y el crimen trasnacional coinciden en un territorio donde el Estado prueba su capacidad de investigación, control y justicia.
