Convertirse en creador de contenido digital puede representar ingresos atractivos. En México, YouTube paga en promedio entre nueve y 35 pesos por cada mil vistas. Así, un video con 100 mil reproducciones genera hasta tres mil 500 pesos. Sin embargo, Fernández Noroña sostiene que su canal le proporciona cerca de 188 mil pesos mensuales.
Para lograr esa cifra se requerirían millones de vistas, algo que no reflejan las métricas actuales de su cuenta. Los cálculos de especialistas apuntan a un ingreso máximo de 13 mil 500 pesos mensuales por concepto de reproducciones, lo que deja un vacío que solo se llena con donaciones. En sus transmisiones, seguidores aportan mediante Súper Chat cantidades en dólares y pesos. En un día llegó a acumular mil 400 dólares, equivalentes a más de 25 mil pesos.
YouTube establece que los donativos mínimos son de cinco dólares y el tope semanal por usuario es de dos mil. Aun así, pocos donantes concentran grandes cantidades. Un reporte periodístico detectó aportaciones sistemáticas de perfiles como “Mexicanos en USA” o “Luis”, con donativos recurrentes de 49.99 dólares. La recurrencia levanta sospechas sobre su origen y la posibilidad de que se trate de un esquema de financiamiento paralelo.
El marco legal complica más el escenario. La Ley de Responsabilidades Administrativas prohíbe a servidores públicos recibir donaciones de cualquier tipo, mientras que la normativa electoral impide a candidatos o aspirantes recibir fondos de personas no autorizadas. De comprobarse que los recursos de YouTube financiaron actividades proselitistas, la falta sería grave.
Para Noroña, sus transmisiones en vivo son una extensión de su actividad política y un canal de contacto con simpatizantes. Para juristas, son un terreno minado donde convergen los límites difusos entre la libertad de expresión digital y las restricciones que impone el cargo público.
