La absolución judicial de Israel Vallarta Cisneros, dictada este 31 de julio por el Poder Judicial federal, marcó el cierre de uno de los procesos más prolongados, irregulares y simbólicos del sistema de justicia penal mexicano. Pero también abrió una puerta a la reparación. Así lo expresó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, al reconocer el caso como un emblema de las fallas históricas del Estado y de la necesidad urgente de una justicia con rostro humano.
“Él tendría que pedir la reparación del daño a partir de un juicio. Hay una Ley de Víctimas que es clara en cuanto a cuándo debe haber un resarcimiento por parte del Estado”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina. Su declaración no fue solo un gesto de empatía política: fue también una invitación a iniciar un proceso institucional que reconozca a Israel Vallarta no como un exacusado liberado, sino como una víctima de la maquinaria judicial.
La mandataria contextualizó el caso dentro de una serie de violaciones sistemáticas cometidas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando Genaro García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública y se instauró una política de seguridad basada en montajes, detenciones arbitrarias y fabricación de culpables. El caso de Vallarta —detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con Florence Cassez— fue, según dijo, el más representativo de esas prácticas, al haber sido escenificado como un operativo “en vivo” transmitido por televisión nacional.
“No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo, conducido por Loret de Mola. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante”, sentenció Sheinbaum. La referencia no fue casual. Desde su campaña electoral, la presidenta ha insistido en desvincular la política de seguridad nacional de los esquemas de corrupción y simulación que caracterizaron los gobiernos anteriores. El caso Vallarta —dijo— debe ser recordado como un símbolo de lo que no debe repetirse.
La jefa del Ejecutivo reconoció que la Secretaría de Gobernación, bajo la dirección de Rosa Icela Rodríguez, había acompañado el proceso jurídico, en particular en lo relativo a las denuncias de tortura interpuestas por Vallarta. Según explicó, esos elementos fueron determinantes para la sentencia absolutoria, junto con la presión jurídica y política ejercida desde instancias internacionales como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que desde 2024 había solicitado medidas provisionales a favor de Vallarta.
El fallo judicial, emitido por la jueza Mariana Vieyra Valdez, estableció que no existían pruebas suficientes para mantener los cargos por secuestro, delincuencia organizada y portación de armas, y ordenó su liberación inmediata del Penal del Altiplano, donde permanecía desde hacía casi dos décadas sin sentencia. Su coacusada, la ciudadana francesa Florence Cassez, había sido liberada desde 2013 por violaciones al debido proceso.
Para Sheinbaum, este desenlace no solo exige memoria institucional, sino un cambio estructural en la forma en que se administra justicia. “La justicia no puede depender de montajes mediáticos ni de intereses políticos. Debe depender de pruebas, de hechos, del debido proceso y del respeto a los derechos humanos”, insistió.
La presidenta también apuntó que el gobierno federal dará seguimiento al caso mediante las instancias correspondientes. De conformidad con la Ley General de Víctimas, Vallarta podrá solicitar su reconocimiento legal como víctima del Estado mexicano, lo cual habilita el acceso a medidas de reparación que incluyen atención médica, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. Todo ello bajo supervisión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Desde el mismo Palacio Nacional, la secretaria Rosa Icela Rodríguez confirmó la absolución y respaldó la posición de la presidenta, subrayando que la resolución fue posible gracias al trabajo interinstitucional, al acompañamiento jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública y a los dictámenes internacionales sobre tortura.
La noticia fue recibida con alivio por colectivos de derechos humanos, defensores del debido proceso y por Mary Sainz, actual esposa de Vallarta, quien durante más de una década sostuvo una lucha pública por su libertad. Sainz, junto con organizaciones civiles, documentó y denunció las condiciones de detención y el deterioro físico y mental que Vallarta enfrentó a lo largo de casi 20 años de reclusión sin condena.
En su momento, la detención de Vallarta fue usada por los medios de comunicación como ejemplo de eficacia policial. La recreación televisada del operativo —presentada como exclusiva informativa— generó un consenso mediático sobre su culpabilidad, sin que se hubiera iniciado juicio. Esta colusión entre prensa, seguridad pública y justicia penal es, para muchos, una de las causas principales de los errores judiciales sistemáticos en México.
Claudia Sheinbaum dejó claro que el caso no debe quedarse en la anécdota ni en la resolución individual. “Nadie debe estar preso sin sentencia, y mucho menos por causas fabricadas”, sostuvo. Su declaración, lejos de la retórica habitual, apuntó hacia una de las deudas históricas del Estado mexicano: la normalización de la prisión preventiva como castigo anticipado.
Hoy, la libertad de Israel Vallarta es también una prueba para el aparato institucional. No basta con dejarlo salir del penal. La justicia —dijo la presidenta— también implica reconocer el daño, nombrar a los responsables y construir garantías para que ningún otro caso repita esta historia. En un país donde más de 90 mil personas están privadas de su libertad sin sentencia, el mensaje es claro: el derecho no puede seguir subordinado a la lógica del castigo sin juicio.
