Dulce Gómez | @dulcgomez
Familiares de personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel protagonizaron una jornada de protestas y bloqueos en distintos puntos de Puebla capital y la zona metropolitana para exigir la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, a quien responsabilizan de presuntos actos de corrupción, extorsiones, amenazas y abusos contra los internos.
Las movilizaciones se desarrollaron este martes 10 de noviembre y provocaron complicaciones en la circulación vehicular en vialidades estratégicas de la ciudad. Durante varias horas, los inconformes utilizaron los cierres como medida de presión para exigir la intervención del Gobierno del Estado y una respuesta a las denuncias relacionadas con las condiciones dentro del centro penitenciario.
Entre los puntos afectados estuvieron la autopista México-Puebla, el Periférico Ecológico, la Vía Atlixcáyotl, el bulevar 5 de Mayo y la avenida 11 Sur, además de diferentes calles del Centro Histórico. Las protestas también llegaron a las inmediaciones de Casa Aguayo, el complejo de seguridad C5, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y el Camino al Batán, cerca del penal de San Miguel.
En las inmediaciones del C5, sobre el Periférico Ecológico, los manifestantes recurrieron a la quema de llantas para impedir la circulación. La medida, junto con los cierres en el resto de las vialidades, generó largas filas de automovilistas y afectó a usuarios del transporte público y a conductores particulares, quienes tuvieron dificultades para llegar a sus destinos, centros de trabajo y escuelas.
Además, la manifestación en Casa Aguayo dejó daños materiales en el inmueble, donde se reportaron cristales rotos durante las movilizaciones.
Denuncian presuntas extorsiones y cobros ilegales en San Miguel
El principal reclamo de los familiares es la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, debido a una serie de presuntas irregularidades que, aseguran, ocurren dentro del reclusorio.
Entre los señalamientos se encuentran supuestos cobros ilegales a las personas privadas de la libertad y sus familiares, amenazas, agresiones y exigencias económicas para evitar represalias o tener acceso a determinadas actividades y servicios dentro del centro penitenciario.
De acuerdo con testimonios difundidos por medios de comunicación locales, las cantidades que presuntamente se solicitan variarían según el concepto o la situación denunciada, con montos que irían desde los 20 mil hasta los 300 mil pesos.
Los familiares también han manifestado preocupación por la integridad de los internos y exigieron que las autoridades estatales revisen las condiciones en las que permanecen sus seres queridos, además de investigar los señalamientos contra los responsables de la administración del penal.
Estas acusaciones, sin embargo, no han sido acreditadas oficialmente, por lo que corresponderá a las autoridades competentes investigar los señalamientos y determinar si existe alguna responsabilidad.
Las inconformidades no surgieron este martes, pues tienen como antecedente denuncias públicas presentadas desde octubre por familiares de internos, quienes ya habían señalado presuntas exigencias económicas y amenazas dentro del Cereso de San Miguel.
Bloqueos afectan transporte público y movilidad
La extensión de las manifestaciones también repercutió en el servicio de transporte público, particularmente en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
Debido a los cierres en diferentes vialidades, el sistema tuvo que implementar modificaciones operativas y recorridos provisionales en sus cuatro líneas, con el propósito de mantener el servicio en la medida de lo posible ante las restricciones de circulación.
Las protestas no solamente afectaron a quienes se trasladaban en vehículos particulares, sino también a usuarios del transporte público que tuvieron que modificar sus recorridos y contemplar mayores tiempos de traslado.
Gobierno estatal logra acuerdo para liberar ocho puntos
Ante la magnitud de las movilizaciones, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, desde que identificó las concentraciones, personal de la institución, mediante la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, buscó establecer comunicación con los manifestantes para abrir espacios de diálogo y atender sus inconformidades.
Sin embargo, en un primer momento los familiares se negaron a establecer acuerdos y rechazaron los acercamientos de las autoridades, por lo que los bloqueos continuaron durante varias horas.
Finalmente, después de distintos intentos de diálogo y de varias negativas de los inconformes para aceptar el acercamiento institucional, el Gobierno del Estado informó que se alcanzó un acuerdo para liberar los ocho puntos de bloqueo registrados en la zona metropolitana.
A través de un posicionamiento emitido este martes 10 de noviembre, la administración estatal detalló que las vialidades y zonas donde se logró restablecer la circulación fueron las siguientes:
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Periférico Ecológico, a la altura del C5.
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Avenida Reforma y 11 Sur, en la zona Centro.
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Avenida Reforma y 3 Sur, en la zona Centro.
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Casa Aguayo, en el cruce de 14 Oriente y bulevar 5 de Mayo.
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Autopista México-Puebla, a la altura del puente de Xoxtla, en ambos sentidos.
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Caseta hacia Atlixco, en ambos sentidos.
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Camino al Batán.
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Comisión de Derechos Humanos, en el cruce de 5 Sur y 5 Poniente.
En el comunicado, el Gobierno estatal sostuvo que mantiene plena disposición para atender las inconformidades mediante el diálogo y reiteró que su actuación se rige por el Estado de derecho.
También puntualizó que, aunque existe apertura para escuchar y atender las demandas ciudadanas, debe prevalecer el cumplimiento de la ley y el respeto al orden público.
Con la liberación de los ocho puntos concluyeron los bloqueos que durante varias horas complicaron la movilidad en Puebla capital y municipios de la zona metropolitana. No obstante, las protestas también dejaron daños materiales en Casa Aguayo y mantuvieron abierta la discusión sobre las denuncias de familiares de personas privadas de la libertad, quienes exigen que se investiguen los presuntos abusos y cobros ilegales dentro del penal de San Miguel.
