En promedio, cada dos días un servidor público ha sido separado de su empleo, cargo o comisión en Puebla durante la actual administración estatal, como resultado de incumplimientos y omisiones detectados en el ejercicio de sus funciones, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.
“Cada dos días hemos tenido que separar a un servidor público”, puntualizó el mandatario al referirse a los resultados presentados por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que reportó más de 315 personas separadas de sus cargos, 48 resoluciones sancionatorias y 59 procedimientos turnados al Tribunal de Justicia Administrativa entre 2025 y 2026.
Armenta Mier afirmó que su administración reforzó los mecanismos de vigilancia para detectar conductas indebidas entre los trabajadores del Gobierno estatal y advirtió que no tolerará actos de corrupción.
Al presentar el informe de Rendición de Cuentas 2025-2026, el titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, explicó que las cifras corresponden a dos vías distintas de actuación: la separación laboral de servidores públicos por incumplimientos evidentes y las sanciones que resultan de procedimientos administrativos formales, en los que deben acreditarse las irregularidades mediante pruebas.
En cuanto a las resoluciones sancionatorias, detalló que durante 2025 se emitieron 26 y en 2026 otras 22, para un total de 48. De estas, 27 correspondieron a amonestaciones privadas, tres a suspensiones y 18 a destituciones.
Precisó que, de las 18 destituciones, 14 estuvieron acompañadas de inhabilitación y dos implicaron el reintegro de recursos.
La Secretaría también turnó 59 procedimientos al Tribunal de Justicia Administrativa, de los cuales 41 fueron enviados durante 2025 y 18 en 2026.
Entre las principales irregularidades identificadas se encuentran el desvío de recursos, con 25 casos, y el abuso de funciones, con 22 expedientes.
Espidio Reyes agregó que, durante 2026, el Tribunal impuso 13 sanciones relacionadas con conductas como peculado, desacato y utilización de información falsa.
Aclaró que el envío de un expediente al Tribunal no representa por sí mismo una sanción, debido a que corresponde a esa instancia analizar los elementos del caso y determinar las responsabilidades administrativas que procedan.
Seguridad pública y educación concentran separaciones
Respecto a las más de 315 personas separadas de su empleo, cargo o comisión, el funcionario explicó que estas medidas se aplicaron ante incumplimientos u omisiones evidentes detectados en distintas áreas de la administración estatal.
Los sectores con mayor número de casos fueron seguridad pública y educación.
En el primero se identificaron conductas como inasistencias, detenciones ilegales, desacato, presentarse a trabajar bajo los efectos del alcohol, solicitud de dádivas, uso de documentación apócrifa y agresiones contra personas privadas de la libertad.
En el ámbito educativo, las separaciones estuvieron relacionadas con abandono de empleo, hostigamiento y acoso sexual, maltrato escolar, acoso laboral y falta de probidad.
El titular de Anticorrupción insistió en que no todas las separaciones laborales constituyen una sanción administrativa, pues ambas medidas tienen procedimientos y alcances distintos.
Explicó que una separación puede aplicarse por la vía laboral cuando existen incumplimientos evidentes, mientras que para imponer una sanción administrativa se requiere integrar un procedimiento formal, acreditar las conductas y garantizar que las autoridades competentes resuelvan conforme a las pruebas.
Con estos resultados, el Gobierno de Puebla reportó las acciones emprendidas durante los dos primeros años de la actual administración para identificar irregularidades, separar a servidores públicos por incumplimientos y llevar ante las instancias correspondientes aquellos casos en los que se presumen faltas administrativas graves.
