El registro público de las organizaciones de la sociedad civil en Puebla será objeto de una solicitud de revisión legislativa. La Comisión de Organizaciones No Gubernamentales del Congreso estatal aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Bienestar para verificar el funcionamiento de la plataforma donde debe consultarse la información de estas agrupaciones.
La decisión responde a la necesidad de garantizar que el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil pueda consultarse mediante su portal oficial de internet y que los datos disponibles cumplan las disposiciones de transparencia, accesibilidad y protección de información personal.
Durante la sesión, el diputado Roberto Zataráin Leal añadió otro elemento a la discusión: señaló que la comisión ha servido como espacio para exponer casos de organizaciones fraudulentas.
El legislador no identificó públicamente a las agrupaciones señaladas ni presentó, según el boletín del Congreso, información sobre investigaciones o sanciones relacionadas con esos casos.
El exhorto aprobado tampoco establece que existan irregularidades comprobadas en el registro. Su propósito es solicitar una revisión administrativa y, de ser necesario, medidas para corregir las deficiencias que se detecten.
La información de las organizaciones, bajo revisión
La Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, presidida por la diputada Celia Bonaga Ruiz, aprobó el proyecto de acuerdo durante su sesión del 28 de octubre.
El documento solicita a la Secretaría de Bienestar del Estado revisar el funcionamiento del Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil a través de su portal oficial.
La petición incluye cuatro aspectos: disponibilidad de la consulta pública, actualización de los registros, accesibilidad de la información e integridad de los datos publicados.
También establece que cualquier medida deberá respetar las disposiciones jurídicas sobre transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
El acuerdo no ordena directamente una intervención tecnológica ni establece un plazo para modificar la plataforma. Se trata de un exhorto dirigido a la dependencia estatal dentro de sus atribuciones.
El Congreso tampoco precisó qué fallas específicas presenta actualmente el portal, cuántas organizaciones están inscritas ni cuándo fue su última actualización.
Esos datos serán relevantes para determinar el alcance de la revisión solicitada.
Señalamientos de fraude, sin casos identificados
La discusión legislativa también abordó la relación entre las autoridades y las organizaciones que participan en actividades comunitarias y sociales.
Roberto Zataráin Leal afirmó que la comisión ha funcionado como foro para presentar casos de organizaciones fraudulentas.
Su declaración introduce una preocupación distinta a la operación tecnológica del registro: la necesidad de contar con información confiable sobre las agrupaciones que actúan en el estado.
Sin embargo, el señalamiento no estuvo acompañado, en la información difundida, de nombres, expedientes, denuncias formales o resoluciones de autoridad.
Por ello, no es posible establecer cuántas organizaciones estarían involucradas ni si existen procedimientos administrativos o penales abiertos.
La revisión del registro podría contribuir a mejorar la información pública disponible, pero no sustituye las investigaciones que corresponderían a las autoridades competentes ante posibles conductas fraudulentas.
Veinticuatro sesiones y diálogo con organizaciones civiles
Celia Bonaga Ruiz presentó también el informe de actividades de la comisión legislativa.
La diputada reportó 24 sesiones acumuladas, de las cuales 12 correspondieron al segundo año legislativo.
Explicó que durante ese periodo se recibieron planteamientos de organizaciones civiles interesadas en exponer proyectos, necesidades y propuestas de colaboración.
La legisladora sostuvo que estos encuentros permitieron conocer el trabajo de distintas agrupaciones y abrir espacios de diálogo sobre los problemas que enfrentan.
Las diputadas Luana Armida Amador Vallejo, Elisa Limon Balderrabano y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, así como el diputado José Miguel Trujillo de Ita, reconocieron la apertura de la comisión hacia las organizaciones no gubernamentales.
La información legislativa no precisa cuántas asociaciones participaron en esos encuentros ni los acuerdos concretos alcanzados con ellas.
Consultas a personas con discapacidad siguen pendientes
En otra sesión, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, presidida por Luana Armida Amador Vallejo, presentó su informe correspondiente al segundo año legislativo.
La diputada señaló que el trabajo de este órgano se ha concentrado en fortalecer las disposiciones legales relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad, la inclusión y la participación ciudadana.
Entre las actividades reportadas se encuentran acciones de capacitación dirigidas al personal del Congreso y a funcionarios públicos en materia de inclusión y accesibilidad arquitectónica y urbanística.
La comisión también informó sobre reuniones y trabajos de vinculación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abordar las consultas a personas con discapacidad y las posteriores modificaciones a la legislación correspondiente.
Durante la discusión, las diputadas Esther Martínez Romano, Guadalupe Yamak Taja, Norma Estela Pimentel Méndez y María Soledad Amieva Zamora reconocieron las actividades desarrolladas, pero también identificaron asuntos pendientes.
Entre ellos destacaron las consultas a la ciudadanía, necesarias para avanzar en los trabajos legislativos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad.
El informe no estableció fechas para desarrollar esas consultas ni precisó cuáles reformas se encuentran listas para su discusión.
Dos comisiones y una misma exigencia de participación
Las sesiones dejaron pendientes en dos ámbitos diferentes de la relación entre las instituciones y la sociedad.
En el caso de las organizaciones civiles, el Congreso busca que la información pública del registro estatal sea accesible, actualizada y confiable.
En materia de discapacidad, las legisladoras reconocieron que todavía deben avanzar las consultas ciudadanas vinculadas con posibles reformas legales.
Ambos asuntos requieren decisiones posteriores: la Secretaría de Bienestar deberá determinar si corresponde intervenir el registro, mientras que la comisión legislativa tendrá que definir cómo continuará el proceso de consulta a personas con discapacidad.
Por ahora, el Congreso aprobó una solicitud de revisión y presentó sus informes de trabajo. La respuesta administrativa sobre el registro y el desarrollo de las consultas siguen pendientes.
