El operativo que permitió detener al alcalde de Esperanza, Puebla, después de dos intervenciones frustradas por la retención de policías, será la referencia del gobierno federal para buscar la recaptura de El Güero Gym, presunto integrante de una organización criminal que consiguió su libertad después de que tres colaboradores de la Fiscalía de Morelos fueron tomados como rehenes.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, recordó que las fuerzas federales enfrentaron una resistencia similar en Esperanza antes de desplegar una operación que terminó con nueve detenidos, entre ellos el presidente municipal Isaac Rodríguez Ochoa.
“Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”, advirtió García Harfuch sobre José David N, conocido como El Güero Gym, liberado el 12 de octubre en Totolapan, Morelos.
El funcionario explicó que en Esperanza hubo dos intervenciones anteriores en las cuales integrantes de las corporaciones de seguridad terminaron retenidos y las autoridades tuvieron que liberar a personas que buscaban capturar.
La situación cambió con un tercer despliegue, cuando participaron fuerzas federales y estatales con mayor capacidad operativa y una estrategia previamente coordinada.
El 7 de septiembre, como parte del Operativo Enjambre, autoridades federales ejecutaron 23 órdenes de cateo en Esperanza y detuvieron a nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.
Entre los detenidos figuraron el alcalde Isaac Rodríguez Ochoa, su hermano Manuel Rodríguez Ochoa y Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública municipal. Las autoridades también decomisaron armas, drogas, mercancía robada y vehículos blindados.
García Harfuch utilizó ese antecedente para explicar por qué el despliegue de Morelos terminó con la liberación del sospechoso.
Según información preliminar que recibió del gobierno estatal, los agentes acudieron inicialmente a diligencias del Ministerio Público para recuperar inmuebles. Durante esa intervención identificaron a José David N y lo detuvieron en flagrancia.
La captura, por tanto, no estaba contemplada como objetivo específico del despliegue y los policías carecían del acompañamiento suficiente para enfrentar la reacción criminal.
Tras la detención, presuntos integrantes de Pueblos Unidos bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente. Las autoridades estatales liberaron al sospechoso para recuperar a su personal. Uno de los trabajadores resultó herido de bala.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión de evitar una confrontación que pusiera en peligro a los civiles. Sin embargo, García Harfuch distinguió esa determinación de la obligación de detener nuevamente al sospechoso.
El secretario también rechazó que la estrategia federal contemple perseguir indiscriminadamente a pobladores que protejan a grupos criminales. En Esperanza, recordó, las detenciones se dirigieron contra funcionarios y personas señaladas por su presunta participación delictiva.
La comparación deja una diferencia importante: en Puebla, el gobierno federal investigó una estructura criminal con presunta protección desde el propio ayuntamiento; en Morelos, el primer despliegue no contaba con la fuerza suficiente para enfrentar la respuesta del grupo delictivo.
Esperanza permitió demostrar que una captura frustrada no necesariamente termina en impunidad. Totolapan pondrá a prueba si el gobierno federal puede repetir ese resultado.
