Tener una segunda nacionalidad se convertiría en un impedimento para competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, salvo que la persona renuncie a ella antes de solicitar su registro como candidata. Esa modificación constitucional recibió el aval del Congreso de Puebla.
El Pleno de la LXII Legislatura aprobó el dictamen correspondiente a la reforma de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al tratarse de una modificación a la Constitución federal, el voto del Congreso poblano forma parte del procedimiento previsto para las reformas constitucionales y no constituye por sí mismo la entrada en vigor del cambio.
La propuesta establece como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de derechos y ser hijo o hija de padre o madre mexicanos.
El cambio introduce una condición adicional: no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si la persona aspirante cuenta con una nacionalidad distinta a la mexicana, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata, según los términos que posteriormente establezca la legislación correspondiente.
La restricción no terminaría con la elección. El dictamen contempla que quien ocupe alguno de esos cargos tampoco podrá solicitar o adquirir otra nacionalidad durante su ejercicio ni invocar ante autoridades extranjeras una distinta de la mexicana.
La prohibición alcanza además el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos vinculados con esa ciudadanía y la posibilidad de acogerse a su protección diplomática.
La discusión dividió posiciones dentro del Congreso poblano. Fedrha Isabel Suriano Corrales, Susana del Carmen Riestra Piña y Delfina Pozos Vergara se pronunciaron contra el dictamen, de acuerdo con la información difundida por el Legislativo.
Azucena Rosas Tapia, María Soledad Amieva Zamora, Xel Arianna Hernández García y Andrés Iván Villegas Mendoza fijaron postura favorable a las modificaciones.
La Constitución establece que una reforma federal debe ser aprobada por el Congreso de la Unión y posteriormente por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México antes de que pueda declararse incorporada al texto constitucional.
Puebla ya ha intervenido durante esta legislatura en otros procesos de reforma a la Constitución federal. En 2025, el Congreso estatal avaló modificaciones a los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 sobre no reelección y nepotismo electoral, como consta en documentación legislativa oficial.
La nueva discusión coloca ahora la nacionalidad de quienes aspiran a encabezar los poderes ejecutivos dentro de los requisitos constitucionales: si la reforma completa su tránsito legislativo, conservar una ciudadanía extranjera y competir por esos cargos dejarían de ser condiciones compatibles.
