El gobernador Alejandro Armenta Mier aprovechó el Operativo Enjambre para enviar una advertencia a funcionarios de Puebla: cualquier integrante de su gobierno que tenga vínculos con grupos delictivos deberá responder por sus actos, sin importar si pertenece a su equipo, a su familia o a la administración estatal.
La postura del mandatario llegó después de la detención de nueve personas en Esperanza, entre ellas el presidente municipal Isaac N., la exdirectora de Seguridad Pública municipal Abigail N. y Manuel N., hermano del alcalde. Las autoridades los señalan por su probable vínculo con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos en la carretera Puebla-Veracruz.
Armenta marca distancia con funcionarios bajo sospecha
Armenta respaldó las acciones encabezadas por las instituciones federales y reconoció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. También destacó la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
El gobernador planteó que la seguridad de Puebla depende de instituciones coordinadas, pero también de impedir que servidores públicos presten sus cargos a organizaciones criminales. Su mensaje coloca la infiltración institucional como uno de los principales riesgos que enfrenta la estrategia de seguridad en el estado.
“Existe apego irrestricto a la ley y cero impunidad”, afirmó Armenta al fijar la posición de su administración frente al operativo.
El mandatario extendió la advertencia a su propio entorno. Afirmó que cualquier persona de su familia, equipo de trabajo o Gobierno del Estado que tenga vínculos con algún grupo delictivo deberá asumir plenamente las consecuencias de sus actos.
El antecedente que puso sobre la mesa
Armenta recordó el periodo en que Genaro García Luna estuvo al frente de la seguridad federal y mencionó los señalamientos sobre el uso de áreas de inteligencia en beneficio de grupos criminales.
También afirmó que Puebla tuvo antecedentes de infiltración delictiva en instituciones públicas y mencionó el caso del C5, que, según el gobernador, llegó a estar a disposición de organizaciones criminales.
El señalamiento le da mayor alcance político a su respaldo al Operativo Enjambre. Armenta no presentó las detenciones sólo como una ofensiva contra delincuentes, sino como una disputa por recuperar instituciones que, según su versión, en otros momentos pudieron quedar bajo influencia criminal.
El secretario de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que durante los cateos en Esperanza fueron aseguradas 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal—, una torreta, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
Las autoridades también reportaron la detención de Isaac N., presidente municipal de Tepeyahualco, ocurrida el viernes anterior, por su probable responsabilidad en secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
El operativo continúa en Esperanza mientras avanzan las investigaciones. Para Armenta, el mensaje ya quedó fijado: la pertenencia a un gobierno municipal o estatal no puede convertirse en una barrera frente a una investigación criminal.
