Dulce Gómez/ @dulcgomez
El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que nueve de cada 10 presidentes municipales de Puebla que han dejado el cargo en medio de investigaciones tenían como actividad empresarial la construcción, situación que, afirmó, pudo generar conflictos de interés en la ejecución de obra pública.
Durante una presentación sobre los avances del programa estatal de pavimentación, realizada desde la Ciudad de México, el mandatario cuestionó el modelo bajo el cual anteriormente se contrataban y ejecutaban obras en municipios y en el propio Gobierno del Estado.
Armenta sostuvo que el esquema permitía que parte de los recursos destinados a pavimentar calles terminara en el pago de comisiones, lo que incrementaba el precio de los proyectos y reducía la capacidad de las administraciones para realizar un mayor número de trabajos.
El gobernador utilizó la expresión “calle-moche, calle-milpa” para referirse a esta práctica y aseguró que su administración pretende sustituirla por un mecanismo que permita ejecutar más infraestructura con el mismo presupuesto.
En ese sentido, explicó que el cambio también está relacionado con las investigaciones emprendidas contra autoridades municipales. Según lo que, dijo, le ha sido informado a partir de las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, la mayoría de los alcaldes que han tenido que separarse de sus funciones estaban vinculados al sector de la construcción.
“Entonces ya no solo es calle moche o calle milpa, toda la utilidad es de ellos”, afirmó.
Cinco municipios ya son administrados por Concejos
Las declaraciones del gobernador se producen mientras cinco municipios poblanos permanecen bajo la administración de Concejos Municipales, luego de que sus presidentes municipales enfrentaron distintos procesos o investigaciones y dejaron de ejercer el cargo. Se trata de Ciudad Serdán, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Cuautempan y Ahuazotepec.
En los primeros tres municipios el caso involucró a los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes habían llegado a las presidencias municipales durante el proceso electoral de 2024.
Uruviel González Vieyra encabezaba el Ayuntamiento de Ciudad Serdán; Giovanni González Vieyra gobernaba Tlachichuca, y Ramiro González Vieyra estaba al frente de San Nicolás Buenos Aires.
En marzo de 2025, un operativo de fuerzas estatales y federales derivó en la detención de Uruviel y Giovanni, mientras que Ramiro logró escapar inicialmente y permaneció prófugo hasta su posterior detención.
Tras estos acontecimientos, el Congreso de Puebla intervino los municipios y determinó la desaparición de los ayuntamientos, dando paso a Concejos Municipales.
En Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero también dejó la presidencia municipal después de que autoridades realizaron cateos en inmuebles relacionados con él.
Las investigaciones difundidas públicamente incluyeron señalamientos por posibles delitos como extorsión, secuestro, robo a transportistas y narcomenudeo.
Por otro lado, en Ahuazotepec, Alfredo Ramírez Hernández abandonó el cargo mientras enfrentaba investigaciones relacionadas con presunta extorsión, robo de vehículos y delitos contra la salud.
Cabe señalar que una investigación o acusación no representa por sí misma una sentencia, por lo que la responsabilidad penal de los exalcaldes deberá determinarse mediante los procedimientos judiciales correspondientes.
Gobierno cambia estrategia para pavimentar
Ante este escenario, el gobernador aseguró que su administración decidió modificar la forma de realizar obra pública y recurrir a los llamados trenes de pavimentación, con los cuales se pretende disminuir la participación de intermediarios y aprovechar directamente la maquinaria y los insumos disponibles.
Armenta sostuvo que este mecanismo permite ampliar la cantidad de calles atendidas y disminuir de manera importante el costo de los trabajos.
El objetivo planteado por su administración es llegar a 28 mil calles pavimentadas, bajo un modelo que, de acuerdo con el mandatario, permitiría destinar una mayor proporción de los recursos a la ejecución de obra.
“Nosotros decidimos cambiar ese modelo por uno que ahorrara y que nos pudiera hacer una dimensión de obra mayor”, afirmó.
Aseguró que el costo para pavimentar calles y construir carreteras mediante este esquema representa aproximadamente una tercera parte de lo que se gastaría mediante los procedimientos tradicionales de contratación.
Maquinaria estatal atiende 20 microrregiones
Durante la misma presentación, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, reportó que durante 2026 se han efectuado 163 acciones con maquinaria pesada.
Los trabajos se han concentrado en la rehabilitación de caminos, atención de contingencias y labores de desazolve, mediante 14 módulos de maquinaria distribuidos en distintas zonas de la entidad.
El funcionario detalló que las acciones han alcanzado 20 microrregiones, con la participación de 151 equipos, y estimó que los trabajos han beneficiado a alrededor de 3.3 millones de habitantes.
La estrategia forma parte del proyecto del Gobierno estatal para incrementar la capacidad de ejecución de infraestructura y atender directamente las necesidades de caminos y vialidades, particularmente en zonas donde las condiciones de las carreteras dificultan la movilidad.
Armenta planteó que la modificación del modelo de obra pública no sólo busca reducir el gasto, sino también aumentar el número de proyectos que pueden ejecutarse con los recursos disponibles, bajo el argumento de que eliminar intermediarios permite llevar una mayor cantidad de infraestructura a los municipios.
El señalamiento sobre los alcaldes constructores se suma así al debate sobre el manejo de los recursos públicos en los ayuntamientos, particularmente en un momento en que varias administraciones municipales han sido intervenidas a raíz de investigaciones de autoridades estatales.
