A un mes de que se cumpla el plazo para definir los lineamientos de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el coordinador de Gabinete dedicó buena parte de la segunda emisión de Derecho de Réplica a desmontar, punto por punto, los ataques de la oposición
Staff Hoja de Ruta
No hace falta escarbar mucho en redes sociales para encontrar una campaña de descrédito por parte de los adversarios de la Cuarta Transformación: que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es, en el fondo, una herramienta para silenciar a periodistas y medios críticos del gobierno.
José Luis García Parra llegó al set del Sistema de Información y Comunicación (Sicom) con esa narrativa como blanco fijo, y la respondió con una frase que repitió como eje de toda su intervención: “Informar con veracidad no es prohibir opiniones; es evitar que un video o dato falso se difunda como si fuera confirmado”.
Antes de entrar al terreno de la discusión, el funcionario se detuvo en algo más elemental: distinguir dos figuras que en el debate público suelen mezclarse.
Una cosa son los derechos de las audiencias —las garantías que tienen los usuarios frente a los concesionarios de radio y televisión— y otra el derecho de réplica, que permite a cualquier persona, física o moral, exigir que se corrija información falsa o que le cause un perjuicio.
Ambos, recordó, tienen su origen en el artículo sexto constitucional y ya estaban presentes en la reforma de telecomunicaciones de 2014.
García Parra no se limitó al presente. Se fue a la hemeroteca para ubicar la discusión actual dentro de una disputa más larga.
En 2017, recordó, una contrarreforma intentó desmantelar esos derechos y sus mecanismos de cumplimiento, al grado de que tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces presidida por la ministra Norma Lucía Piña Hernández.
Ocho años después, dijo, el péndulo se movió en sentido contrario: la legislación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recupera y amplía esos derechos, y obliga a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a tener listos los lineamientos en un plazo máximo de un año.
Aquí fue cuando llegó el quid de su intervención.
García Parra fue tajante: no existe, en ningún artículo, una disposición que permita cerrar una estación de radio o televisión por transmitir opiniones contrarias al Gobierno.
Lo que sí contempla la ley, explicó, son sanciones acotadas a tres supuestos muy específicos: incumplir el código de ética, no dar a conocer quién funge como defensor de las audiencias, o desatender las quejas que presenten los usuarios, es decir, nada que se parezca al cierre de estaciones por línea editorial.
Tampoco, subrayó, la norma alcanza a redes sociales o prensa escrita: su radio de acción se limita a radio y televisión concesionadas. Y ni siquiera ahí toca la opinión: conductores, conductoras y comentaristas conservan su espacio para opinar libremente.
Lo único que exige la ley, insistió, es que ese medio marque con claridad la frontera entre lo que es información confirmada y lo que es punto de vista, para que un dato falso no se cuele disfrazado de hecho.
Para dimensionar el ruido que ha generado la discusión, el funcionario citó una cifra: en la última semana, la narrativa que acusa al Gobierno de la Cuarta Transformación de imponer una “Ley Censura” acumuló mil 107 menciones, 610 autores distintos y un alcance de 954 mil reacciones.
El espejo de la “Ley Mordaza”
Si algo quiso dejar claro García Parra es que la censura, en Puebla, sí tiene precedente. Recordó que en 2012, bajo un gobierno estatal emanado del PAN y encabezado por Rafael Moreno Valle, se aprobó un decreto conocido como “Ley Mordaza”, que facultaba a la entonces Dirección de Comunicación Social para litigar contra periodistas a nombre del propio Ejecutivo estatal.
En ese periodo, señaló, se presentaron dos denuncias contra reporteros, y la norma abría la puerta a que terceros implicados promovieran acciones legales por su cuenta.
Ese sí fue, dijo, un episodio real de presión contra la prensa.
Más allá de la polémica, García Parra enlistó lo que, a su juicio, representa la columna vertebral del nuevo marco: el derecho a recibir información veraz, oportuna y objetiva; a acceder a contenidos que respeten los derechos humanos; a conocer el código de ética de cada estación, y a contar con una persona defensora de las audiencias a quien acudir con una queja.
Para no dejarlo como una ocurrencia local, citó ejemplos de otros países: la Unión Europea, que distingue publicidad de contenido editorial; Argentina, con su Defensoría del Público; Brasil, que reconoce el derecho de respuesta, y Canadá, que separa con claridad la opinión editorial de la información noticiosa.
La consulta
El cierre del mensaje fue, sobre todo, una convocatoria. García Parra recordó que los lineamientos de la ley todavía están en construcción y que la consulta pública para definirlos sigue abierta hasta el 21 de agosto a las 23:59 horas.
Llamó directamente a periodistas, medios de comunicación, especialistas y ciudadanía en general a revisar la propuesta y enviar sus observaciones a través del portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, antes de que se cierre la ventana de participación.
Aprovechó también para presumir el momento que atraviesa el propio Sicom, que —dijo— ya se ubica entre los diez medios más vistos y escuchados de la entidad tras su transformación en organismo público descentralizado, con mayor presencia en las microrregiones.
La siguiente tarea pendiente, adelantó, es nombrar a su propio defensor de las audiencias, preparar una propuesta para el Gobierno Federal de cara a los lineamientos, y usar sus propias estaciones y sedes regionales para que la consulta pública llegue a más gente antes de que se cierre el plazo.
📺 En Puebla promovemos el Derecho de Réplica para informar con responsabilidad y dar respuesta a temas de interés público. #PorAmorAPuebla https://t.co/A7FmF0k2Gn
— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) August 11, 2026
