Nacho Juárez
A pesar de las denuncias de la oposición de un supuesto desmantelamiento de las minorías en la entidad poblana, la reforma electoral municipal aprobada por el Congreso del estado tendrá un efecto casi imperceptible a nivel estatal, aunque en la capital poblana modificará la representación, el funcionamiento del Cabildo y las negociaciones partidistas.
La reforma municipal, aprobada la semana pasada, ha sido presentada como una reducción generalizada de la representación política en Puebla. Los números muestran otra realidad: el ajuste está concentrado prácticamente en un solo municipio, aunque se trate del más poblado y políticamente relevante del estado: Puebla capital.
La armonización deriva de la reforma constitucional federal que estableció un máximo de quince regidurías por ayuntamiento. Para la ciudad de Puebla, el Congreso local aprobó una integración de 11 regidores de mayoría relativa y cuatro de representación proporcional, incluido el presidente municipal y el síndico.
Los municipios con 90 mil habitantes o más conservarán ocho de mayoría y cuatro plurinominales. Los que tengan entre 60 mil y 90 mil mantendrán ocho y tres, respectivamente; y los demás continuarán con seis de mayoría y dos de representación proporcional.
Esto significa que, con la distribución poblacional vigente, los otros 216 municipios enfrentan modificaciones mínimas o no pierden regidores como consecuencia directa de la reforma.
Puebla capital es la excepción: pasa de 23 a 15 regidurías, una reducción de ocho espacios, equivalente al 34.8 por ciento.
Visto desde todo el estado, el cambio es mucho menor de lo que sugiere la discusión política. Al comparar la fórmula anterior con la nueva, el estado de Puebla pasaría de aproximadamente mil 818 a mil 810 regidurías municipales: una reducción de apenas 0.44 por ciento.
También es mínima la modificación entre los dos principios de representación. Las regidurías de mayoría pasarían de representar alrededor del 74.26 al 74.31 por ciento del total estatal, mientras las plurinominales bajarían de 25.74 a 25.69 por ciento. Estamos hablando de una variación cercana a cinco centésimas de punto porcentual.
Como se puede observar en la tabla, antes de la reforma había 10 municipios con 12 regidores, nueve con 11 y otros 197 con ocho.
Después de la modificación aprobada por el Congreso local, la distribución queda de la siguiente manera: Un municipio con 15 regidores; 18 con 12 regidores; 11 con el mismo número; y otros 187 con ocho integrantes en el Cabildo.
Por ello, no resulta exacto sostener que la reforma desmantela la representación de las minorías en todo Puebla. En la enorme mayoría de los municipios no cambia una sola silla.
Sin embargo, tampoco sería correcto decir que no existe una afectación política. En la capital, las regidurías de representación proporcional disminuyen de siete a cuatro. Su participación dentro de las regidurías pasa de 30.4 a 26.7 por ciento: una pérdida de aproximadamente 3.8 puntos porcentuales.
Si se considera al Cabildo completo —presidencia municipal, sindicatura y regidurías—, el bloque surgido de la planilla ganadora pasaría de ocupar 18 de 25 espacios a 13 de 17. Su peso aumentaría de 72 a 76.5 por ciento, mientras la representación de las fuerzas perdedoras bajaría de 28 a 23.5 por ciento.
Es una disminución real de la presencia opositora, pero no transforma por sí misma la capacidad de decisión del gobierno municipal. Para los asuntos que requieren dos terceras partes, la planilla ganadora ya rebasaba aritméticamente el umbral con el modelo anterior y seguirá haciéndolo con el nuevo.
La oposición pierde tres voces, posiciones en comisiones, exposición pública y capacidad de fiscalización; no pierde un poder de veto que antes hubiera tenido garantizado.
Aquí comienza la lectura política.
La nueva realidad de la oposición en la capital
La inconformidad expresada por el PAN y otras fuerzas opositoras se sostiene del argumento de que un Cabildo con menos integrantes puede reducir la pluralidad, concentrar el trabajo y limitar la vigilancia del gobierno.
Pero la protesta también tiene otra fondo: la defensa de su capacidad de negociación electoral.
En 2024, la candidatura común integrada por PAN, PRI, PRD y PSI obtuvo las primeras seis regidurías de representación proporcional de Puebla capital, mientras Movimiento Ciudadano recibió la séptima. Así consta en la asignación oficial del Instituto Electoral del Estado.
Con siete posiciones, había margen suficiente para acomodar partidos aliados, grupos internos y compromisos de campaña. Con solamente cuatro, la lista se convierte en un espacio mucho más reducido y disputado.
Cada lugar que el PAN cediera a un aliado representaría ahora una cuarta parte de toda la delegación plurinominal de la capital. La reforma reduce, por tanto, una de las principales monedas de cambio.
Si las proyecciones internas del PAN partieran de que puede perder nuevamente la presidencia municipal, competir solo podría volverse atractivo para proteger los primeros lugares de la lista y tratar de concentrar las regidurías opositoras.
En otras palabras: si la prioridad fuera ganar el gobierno, una alianza todavía podría sumar votos indispensables; pero si el objetivo fuera conservar posiciones después de una derrota, compartir una lista de cuatro lugares sería mucho más costoso.
Esto no significa que ir solo garantice mejores resultados. Especialistas electorales consultados, explicaron que la fragmentación también puede facilitar el triunfo de la coalición gobernante, desperdiciar votos y dejar a partidos pequeños por debajo del porcentaje requerido para acceder a la representación proporcional.
La reforma no obliga al PAN a romper con sus aliados, pero sí encarece la alianza y lo obliga a decidir qué busca realmente: competir por la presidencia municipal o administrar de mejor manera las posiciones de oposición, refirieron las fuentes consultadas.
Ésa es posiblemente la razón por la que el debate ha sido más intenso de lo que justificaría la variación estatal. No se están disputando cientos de espacios en los municipios del interior. La disputa está concentrada en las cuatro posiciones plurinominales de la capital y en quién tendrá derecho a ocuparlas.
El reto presupuestal
Del otro lado está el argumento económico.
Tomando como referencia una remuneración mensual reportada de 110 mil 154 pesos por regidor, la eliminación de ocho espacios representaría alrededor de 881 mil pesos mensuales y 10.57 millones de pesos anuales únicamente en remuneraciones, según los datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Si cada regidor cuenta con dos o tres colaboradores y esas plazas también fueran efectivamente eliminadas —no simplemente transferidas a otra dependencia—, podría desaparecer una estructura de entre 16 y 24 puestos adicionales.
Bajo un supuesto de remuneraciones de entre 17 mil 500 y 24 mil pesos mensuales por plaza, el ahorro directo total podría ubicarse aproximadamente entre 1.16 y 1.46 millones de pesos al mes. Es un escenario estimado, no un ahorro consumado: tendrá que comprobarse con la nómina del próximo Ayuntamiento.
Un estudio elaborado por un despacho de consultoría política, al cual este reportero tuvo acceso, da cuenta que la Constitución federal ordena que las economías derivadas de la reducción permanezcan en la hacienda municipal y se destinen a infraestructura pública.
Pero también exige legalidad, transparencia y austeridad en su aplicación. Ante eso, el Ayuntamiento deberá crear un mecanismo que permita conocer cuánto se ahorró realmente, qué plazas desaparecieron y en qué obras se ejercieron esos recursos.
El segundo desafío será reorganizar el trabajo. En el Cabildo de Puebla actualmente existen 19 comisiones temáticas, además de la Comisión de Vigilancia.
La Ley Orgánica Municipal establece un núcleo mínimo y permite crear las adicionales que requiera cada municipio. La estructura vigente fue aprobada por el Cabildo en octubre de 2024.
Con quince regidores no parece razonable conservar intacto un sistema de veinte comisiones. Algunas tendrán que fusionarse por afinidad: infraestructura con movilidad y servicios públicos; desarrollo urbano con medio ambiente y regularización territorial; bienestar con salud y grupos vulnerables; educación con cultura, juventud y deporte, refiere el estudio.
El objetivo no debería ser multiplicar nombramientos, sino concentrar responsabilidades y evitar que un regidor pertenezca a tantas comisiones que termine sin atender ninguna adecuadamente.
Finalmente, la reducción solamente podrá justificarse si mejora la calidad del Cabildo. Tener menos regidores no produce automáticamente mejores representantes. También puede producir menos vigilancia y mayor concentración del poder si no existen contrapesos públicos.
Así pues, advierte el estudio de marras, la evaluación ciudadana tendría que apoyarse en indicadores sencillos: asistencias, votaciones individuales, iniciativas presentadas, dictámenes elaborados, asuntos resueltos, reuniones con ciudadanos, conflictos de interés y resultados de cada comisión. Las convocatorias y expedientes deberían publicarse antes de las sesiones y no únicamente cuando las decisiones ya fueron tomadas.
Transmitir una sesión por internet tampoco equivale a tener un Cabildo abierto. La apertura exige que los ciudadanos puedan conocer anticipadamente los asuntos, presentar observaciones, formular preguntas y seguir el destino de sus propuestas.
La reforma, en conclusión, no representa una destrucción generalizada de la pluralidad municipal, pero tampoco es un simple ajuste administrativo.
En el estado modifica apenas unas centésimas la proporción entre mayoría y representación proporcional; en la capital reduce de manera visible el espacio opositor y cambia la economía política de las alianzas.
La oposición tiene derecho a advertir sobre la pérdida de voces, pero deberá reconocer que también está defendiendo posiciones de negociación.
El gobierno puede presumir un ahorro importante, pero tendrá que demostrar que los recursos no terminaron absorbidos por otra área y que un Cabildo más pequeño será también más profesional, transparente y accesible.
La verdadera medida de la reforma no será cuántas sillas fueron retiradas del salón de Cabildo, sino si quienes permanezcan ocupándolas trabajan más, cuestan menos y rinden cuentas mejor.
