Redacción Hoja de Ruta
Un grupo de familiares de personas privadas de la libertad (PPL) del Centro Penitenciario de Puebla, conocido como Penal de San Miguel, se manifestó la mañana de este lunes para exigir el cese de presuntas irregularidades al interior del centro, entre ellas cobros de piso, pagos por visitas íntimas y el uso ilícito de líneas telefónicas por parte del personal de custodia.
Según reportó el medio local Quadratín Puebla, los manifestantes exigieron también el traslado de reos que, según denuncian, extorsionan a otros internos, y la protesta mantuvo bloqueado el camino de acceso al Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano “El Batán”, sobre el Periférico Ecológico, lo que afectó la circulación en la zona.
De acuerdo con la misma fuente, previamente los familiares ya habían señalado en redes sociales un presunto sobreprecio en el uniforme para internos y restricciones al ingreso de artículos de higiene personal, lo que —acusan— busca obligarlos a comprarlos dentro de la tienda del propio penal.
No es la primera vez que familiares de internos de este centro penitenciario se manifiestan por motivos similares. El periódico La Jornada de Oriente documentó una protesta previa, en noviembre de 2025, en la que al menos 50 personas identificadas como familiares de internos se manifestaron por más de seis horas para denunciar una presunta red de extorsión, cobros irregulares, tortura y venta de drogas dentro del centro, en lo que constituyó la segunda protesta del año, luego de que a inicios de agosto de 2025 un grupo similar bloqueara vialidades por cobros de agua y restricciones a las visitas.
La respuesta oficial
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que, “con respeto al derecho de libre manifestación”, se establecieron canales de diálogo con los inconformes en coordinación con delegados de la Secretaría de Gobernación, aunque precisó que los manifestantes evitaron acreditar su parentesco con alguna de las personas privadas de la libertad.
La dependencia señaló que las peticiones presentadas serán revisadas “de manera puntual y objetiva” y que se instruyó el inicio de investigaciones internas para verificar cualquier posible irregularidad, adelantando que, de acreditarse responsabilidades, se actuará “con estricto apego a la ley”.
La SSP hizo un llamado a privilegiar el diálogo institucional y exhortó a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier conducta ilícita o acto de corrupción a través de la línea 089.
Este episodio no es aislado dentro del sistema penitenciario poblano: en marzo pasado, autoridades estatales trasladaron a 15 internos del penal de Puebla al penal de Tepexi como parte de acciones para mantener el orden interno, y en julio dos custodios de la SSP fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la evasión de un reo durante un traslado, de acuerdo con el medio Municipios Puebla.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se instalará una mesa de negociación formal, como ocurrió en la protesta de noviembre de 2025, cuando se ofreció una reunión en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo estatal.
