La revelación sobre el Club Puebla abrió una grieta en el discurso oficial del futbol mexicano. Lo que parecía una anécdota regional derivó en un asunto de Estado cuando la presidenta Claudia Sheinbaum admitió, en Palacio Nacional, que se revisará la denuncia periodística sobre la multipropiedad.
El caso revela no solo un esquema de prestanombres, sino la debilidad de las instituciones encargadas de regular la liga profesional. El artículo 44 de los estatutos de la Liga MX prohíbe que un mismo empresario controle más de dos equipos, pero permite la triangulación a través de distintas razones sociales. Esa rendija legal, conocida por años, es la que ha permitido a Salinas Pliego operar Puebla y Mazatlán sin obstáculos.
Los periodistas poblanos documentaron que Manuel Jiménez, el supuesto propietario local, nunca tuvo injerencia en la estructura corporativa. En cambio, aparecen abogados ligados a TV Azteca, domicilios fiscales en la sede corporativa de Grupo Salinas y contratos de comodato que amarran al Estadio Cuauhtémoc a esta red empresarial.
El trasfondo político es evidente: mientras el SAT persigue a Grupo Salinas por adeudos históricos, el futbol se convierte en refugio de operaciones corporativas que aprovechan vacíos normativos. La Franja, equipo de identidad poblana, se transforma en ejemplo de cómo la pasión deportiva puede ser instrumentalizada para fines financieros y fiscales.
