Una orden de protección puede depender de algo tan concreto como el tiempo que tarda una institución en actuar. Ese es uno de los puntos que el Congreso de Puebla busca modificar con una reforma que pretende evitar que la falta de una denuncia previa se convierta en una barrera para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
La Comisión de Igualdad de Género, presidida por Xel Arianna Hernández García, aprobó el proyecto de dictamen que reforma y adiciona disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños. El objetivo planteado por la comisión es que las instituciones de seguridad y justicia puedan compartir información mediante un esquema de interconectividad obligatoria entre los tres órdenes de gobierno.
La reforma también contempla que la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado puedan dictar y ejecutar órdenes de protección inmediatas sin exigir una denuncia previa.
De acuerdo con las consideraciones del dictamen, esta modificación pretende reducir barreras burocráticas y evitar la revictimización, al colocar la protección de la vida y la integridad física por encima de formalidades procesales.
El proyecto fue integrado a partir de una iniciativa presentada por la diputada Azucena Rosas Tapia y otra propuesta suscrita por nueve legisladoras, entre ellas Xel Arianna Hernández García.
La actualización no se limita al procedimiento para dictar medidas de protección. La comisión también planteó modificar el glosario de la ley para incorporar de manera expresa a niñas y adolescentes dentro de la definición de misoginia.
Espacios para lactancia y atención menstrual
La comisión colocó otros dos asuntos sobre la mesa. Uno de ellos plantea que edificios públicos estatales y municipales habiliten espacios multifuncionales destinados al bienestar y cuidado de las mujeres.
El exhorto está dirigido a Ayuntamientos, Concejos Municipales, dependencias y entidades de la administración pública estatal centralizada y organismos constitucionalmente autónomos. La propuesta establece que la habilitación avance de manera progresiva, comenzando por los inmuebles con mayor afluencia y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de cada institución.
Los espacios deberán contar, al menos, con áreas para lactancia, estaciones de higiene menstrual con insumos de emergencia y lugares de descanso temporal para mujeres embarazadas o que presenten malestares asociados al periodo menstrual.
La propuesta fue elaborada a partir de la iniciativa de la diputada Celia Bonaga Ruiz.
El segundo exhorto apunta hacia la comunicación de los gobiernos municipales. La comisión propuso que las campañas de información, concientización y comunicación social, así como los programas públicos municipales, estén libres de estereotipos de género, representaciones sexistas y mensajes que perpetúen desigualdades.
La propuesta plantea que esos contenidos sean diseñados, ejecutados y evaluados con perspectiva de género transversal. La iniciativa corresponde a la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas.
Los tres asuntos aprobados por la Comisión de Igualdad de Género tienen rutas distintas: uno modifica la legislación estatal sobre órdenes de protección; otro plantea espacios físicos para atender necesidades específicas de las mujeres en edificios públicos; y el tercero busca cambiar la forma en que los gobiernos municipales comunican y diseñan sus programas.
En el primero está el cambio de mayor alcance operativo: que una persona pueda recibir una medida de protección sin que la intervención institucional quede condicionada a presentar antes una denuncia. El dictamen todavía debe continuar su proceso legislativo antes de convertirse en una reforma vigente.
