La revitalización de la zona de San Francisco no debe terminar expulsando a quienes tradicionalmente han vivido ahí. Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, planteó que el proyecto recientemente anunciado deberá demostrar cómo protegerá a los habitantes originarios frente a posibles procesos de especulación.
El legislador centró su posición en tres preguntas todavía abiertas: cuál será el impacto social de las inversiones, cómo se preservará la identidad histórica de los barrios y mediante qué mecanismos quedarán protegidos los derechos de quienes actualmente habitan la zona.
En rueda de prensa, Gaspar Ramírez sostuvo que cualquier inversión destinada a transformar y dignificar espacios habitables debe beneficiar directamente a sus residentes y no privilegiar a quienes tengan mayor capacidad adquisitiva.
“El foco de toda inversión con una visión verdaderamente social es el bienestar integral de las familias y de las personas”, afirmó.
Su planteamiento coloca a la vivienda como uno de los puntos centrales del proyecto. El presidente de la Junta de Gobierno señaló que los desarrollos habitacionales no deben responder a criterios de privilegio o exclusividad y defendió el acceso a la vivienda como un derecho humano.
Gaspar Ramírez sostuvo que la evaluación de las intervenciones deberá considerar su impacto social y no solamente los cambios físicos o urbanos que produzcan.
“Impulsamos un modelo que no expulsa, que no endeuda y que no segrega”, señaló el legislador, quien agregó que ese esquema debe proteger a las familias y preservar el tejido comunitario.
La posición del presidente de la Junta de Gobierno surge después del anuncio de un proyecto para revitalizar la zona de San Francisco, aunque el boletín legislativo no precisa monto de inversión, superficie involucrada, número de viviendas, población potencialmente afectada ni los mecanismos previstos para garantizar la permanencia de los actuales habitantes.
Gaspar Ramírez sostuvo que tanto la inversión pública como la privada deberán sujetarse a criterios de dignidad humana, bienestar social y fortalecimiento comunitario.
El proyecto tiene así una medida concreta para evaluar sus consecuencias: no sólo cuánto capital llegue a San Francisco o cuánto cambie su imagen, sino cuántos de quienes hoy viven ahí podrán seguir haciéndolo.
