La diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), denunció haber sido víctima de violencia política de género, revictimización y amenazas físicas como consecuencia de su activismo en defensa de los derechos de las mujeres en la vida pública.
El pronunciamiento fue difundido a través de un video en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), donde respondió a las reacciones suscitadas por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó a una usuaria ofrecerle una disculpa pública durante 30 días.
Barreras Samaniego explicó que ha sido blanco de agresiones personales y políticas desde que solicitó la intervención de las autoridades electorales ante un mensaje difundido por la ciudadana Karla María Estrella Murrieta, en el que se insinuaba que su candidatura fue producto de una maniobra operada por su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, a través de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.
La publicación, fechada el 14 de febrero de 2024, fue considerada por la Sala Regional Especializada y la Sala Superior del TEPJF como un acto de violencia política de género.
La sentencia obliga a la usuaria a publicar una disculpa, tomar un curso de género, leer bibliografía especializada y difundir la resolución completa durante un mes. Además, su nombre fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres.
En la red social, el uso del término “Dato protegido” —empleado por el tribunal para resguardar la identidad de la víctima— se convirtió en tendencia el 15 de julio, generando reacciones encontradas sobre los alcances de la libertad de expresión.
Barreras reiteró que defender los derechos de las mujeres “tiene un costo”, pero que está dispuesta a enfrentarlo. Afirmó que “la violencia no se calla ni se minimiza”, y recordó que muchas agresiones digitales han escalado hasta convertirse en feminicidios.
Rechazó las sugerencias de abandonar las redes sociales para evitar ataques, cuestionando: “¿Por qué deberíamos escondernos las mujeres?”. Señaló que invisibilizar los logros femeninos constituye violencia, y recordó que esa conducta está tipificada en la ley desde 2020.
La diputada aclaró que no está en contra del debate público, ni promueve la censura. Incluso declaró que la disculpa no era necesaria para ella, pero defendió el precedente judicial como una herramienta para proteger a mujeres que decidan incursionar en política.
“No necesito que ella se disculpe, declino esa necesidad, pero sí me interesa que las mujeres tengan garantías para ejercer su voz sin ser reducidas a un vínculo sentimental o familiar”, afirmó.
Karla Estrella, por su parte, ha argumentado que su publicación fue una crítica legítima contra el presunto nepotismo de un servidor público, amparada en su derecho a la libertad de expresión. Señaló que el debate debía haberse dado en condiciones de igualdad y no mediante medidas punitivas. También acusó que el INE reveló datos personales en el procedimiento, lo que agravó su exposición.
El fallo fue respaldado por la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, y por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Ambos sostuvieron que el mensaje de Estrella Murrieta no solo desestimó las capacidades de la legisladora, sino que colocó su candidatura como resultado exclusivo de su relación matrimonial, lo que constituye una forma de violencia simbólica. Soto citó el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como base para la interpretación del mensaje como agresión política.
El proyecto inicial del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón planteaba revocar la sanción por considerar que el mensaje representaba una crítica política legítima. Sin embargo, su propuesta fue desechada por mayoría. El debate puso en evidencia la tensión entre el derecho a la crítica y la obligación del Estado de proteger a las mujeres frente a la violencia política de género.
Barreras Samaniego concluyó su mensaje afirmando: “Resistiré cualquier intento de silenciarme. Por un futuro de todas, seguiré adelante luchando”. La resolución, al tiempo que sanciona una conducta, también expone la necesidad de revisar los límites del lenguaje digital y los mecanismos institucionales para la protección de las mujeres en el ámbito público.
