Las oficinas de la Sindicatura de San Pedro Cholula fueron clausuradas la mañana de este jueves, como parte de una indagatoria abierta por la Contraloría municipal contra el síndico Iván Cuautle Minutti. La investigación incluye acusaciones por corrupción, posible grabación ilegal de personas sin su consentimiento y nexos con grupos externos que habrían sido favorecidos en un conflicto reciente.
De acuerdo con lo difundido por autoridades municipales, una de las líneas más sensibles de la investigación es la presunta instalación de dispositivos para registrar reuniones privadas al interior de su despacho. Según videos que circulan en redes sociales, el síndico habría grabado conversaciones con ciudadanos que acudían a gestionar asuntos jurídicos o administrativos, lo que representa una posible violación a su privacidad.
Esta clausura ocurre días después de una advertencia pública emitida por la alcaldesa de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, quien afirmó que no permitirá actos de corrupción dentro de su gobierno, sin importar si se trata de miembros del gabinete o del Cabildo. El contexto inmediato fue el episodio violento del pasado 8 de julio en el mercado municipal Cosme del Razo, en el que se vio implicado el síndico Cuautle.
El ataque fue cometido por un grupo armado que ingresó de manera violenta al centro de abasto, golpeó al administrador, Arturo Juárez Papaqui, y a su personal, vandalizó las oficinas y robó dinero en efectivo. Comerciantes afectados señalaron directamente al síndico como la persona que facilitó el ingreso de integrantes de la organización “28 de Octubre” al mercado, con la intención de permitirles ocupar locales.
La alcaldesa ha insistido en que no encubrirá a nadie y que se continuará con las investigaciones internas, pese a las amenazas que ha recibido en los últimos días. A través de un video en redes sociales, Tonantzin Fernández declaró: “Quiero informarles que desde hace unos días he sufrido algunas amenazas diciendo que van a filtrar unos audios modificados. Quiero decirles a esas personas que no me van a intimidar”.
Aseguró que la administración continuará con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos tanto en el caso del espionaje como en la irrupción del mercado. “Vamos a seguir trabajando y velando por la seguridad de todas y de todos”, afirmó.
Por ahora, las oficinas de la Sindicatura permanecerán selladas mientras la Contraloría analiza los dispositivos presuntamente utilizados para las grabaciones, y revisa testimonios y evidencias relacionadas con los actos violentos del 8 de julio. El síndico Iván Cuautle no ha emitido una declaración oficial hasta el momento.
