Nacho Juárez
Más allá del grave problema de discriminación y la frivolidad con que se asumió, el escándalo protagonizado por las diputadas locales Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares evidenció el fracaso político de la dirigencia de Morena en Puebla.
Y, de paso, confirmó que el partido se encuentra secuestrado por un grupo de políticos incapaces, por ceguera o conflictos de interés, de estar a la altura que requiere la institución partidista en la compleja coyuntura actual.
Hubo que esperar a que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tomara el micrófono en Palacio Nacional, a que la dirigencia nacional moviera a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, a que el gobernador Alejandro Armenta Mier se sumara a la condena nacional, para que en Puebla -donde el problema realmente ocurrió-, alguien en el partido se dignara a decir algo.
Y, aun así, lo que llegó fue tibieza.
Tibieza doblada de pusilanimidad.
Hay momentos en política en los que callar no es prudencia sino complicidad política.
Peor aún cuando la dirigencia estatal de Morena en Puebla frente al escándalo prefirió administrar el silencio antes que asumir una posición política clara.
Algunos argumentaran que todo se debe a una falta de reflejos políticos, unos más a que la dirigencia se encuentra extraviada desde hace mucho tiempo y otros a que existe una crisis interna a la que a nadie le interesa solucionar.
Ahí está la presidenta estatal, Olga Romero Garci-Crespo, quien hasta la fecha es más conocida por la disputa judicial que sostiene por una fortuna multimillonaria -casi igual en monto al escándalo que protagonizó la familia Jenkins- que por su trabajo político o resultados electorales. (¿A poco de verdad cree que ganó en 2024?).
¿Qué dijo ante el escándalo? Que la responsabilidad de sancionar era de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. No censuró, no condenó, ni deslindó con firmeza al partido en Puebla del dicho de dos legisladoras. Mucho menos apercibió al Congreso del estado a que tomaran cartas en el asunto.
Tibieza doblada de pusilanimidad.
Un caso diferente es el presidente del Consejo Estatal del Morena, Andrés Iván Villegas Mendoza, quien omitió cualquier condena o exigencia de sanción porque tanto Salvatori como Palomares forman parte su mismo grupo político, el cual tiene su principal ventana en el interior del Congreso del estado.
Esta complicidad, incluso, se extiende al ámbito electoral. Villegas fue el principal impulsor de la nominación de Nayeli Salvatori a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, un proyecto que había sido concretado y se fue al caño tras la suspensión de los derechos partidistas de la legisladora.
La fusión de intereses del también presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del estado no tenía como objetivo apoyar al mejor perfil para su partido en tierras cholultecas, sino a quien le ayudara a cobrar venganza luego de que la actual alcaldesa Tonantzin Fernández se negara a financiarle contratos de sus empresas farmacéuticas a costa del erario.
(Si usted quiere conocer el alcance de los negocios del diputado local solo basta con echarle un ojo a un reportaje publicado por el portal Liberación, dirigido por Jorge Aguilera, en el que se asienta que no solo ocultó en su declaración patrimonial de 2022 que era accionista en cuatro empresas, sino que una de ellas hasta busco ser proveedora del gobierno panista de Chihuahua, encabezado por Maru Campos).
Uno más es el representante de Morena ante los organismos electorales, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, un sujeto cuyo principal capital político es vivir de la tenebra y su habilidad para cambiar de grupo político como de muda de ropa.
Quienes cubren las conferencias de prensa semanales de Morena, saben que Bermúdez es un ávido parlanchín que no pierde oportunidad para dar declaraciones sobre lo que sea, pero en el caso del escándalo por discriminación guardó silencio sepulcral.
La raíz de su actitud se encuentra en la alianza que mantiene con Andrés Villegas. Si existe alguna de duda de lo anterior, solo basta recordar que el representante electoral fungió como ariete del legislador en una conspiración en contra de Pável Gaspar Ramírez, presidente del Congreso del estado.
El periodista Mario Alberto Mejía lo reveló magistralmente el pasado 2 de junio, al dar a conocer una grabación de Bermúdez en la que lanza todas las cargas contra Pável y ensalza la figura de Villegas.
“Yo creo que voy a decir otra cosa incorrecta, ¿no? Creo que la manera de vincular idóneamente a nuestros diputados locales sólo es una. Es vía el presidente del Consejo y diputado local por Tecamachalco, Andrés Villegas. Perdón (por) lo incorrecto, pero pues Pavel ni nos contesta, ni nos manda la gente, ni nos escucha, ni nada”, se escucha en una parte de la grabación de marras.
Algunos argumentaran que Olga Romero, Andrés Villegas y Bermúdez fueron una herencia al actual régimen y que han hecho todo lo posible para impedir que se les quite el control del partido, pero ese razonamiento choca ante la presencia de Pablo Salazar Vicentello como coordinador General de Delegados del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla.
El exfuncionario de la Secretaría de Gobernación estatal fue vendido como el non plus ultra que llegaría a tomar las riendas del partido y a dar orden a la estructura política-electoral estatal.
Lo cierto es que en los pocos meses que tiene de incorporarse al partido, su único trabajo visible es tomarse fotos con decenas de aspirantes a cargos de elección popular a fin de fortalecer la percepción de que por sus manos pasará la definición o, por lo menos, que es el enviado del CIS para ese propósito.
Eso no podría ser más falso. Pablo Salazar responde a los intereses no del grupo en el poder estatal sino a los del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quien lo impulsó tras el calambre que recibió por parte de César Addi Sánchez Salinas al presentar ante el gobernador Alejandro Armenta un informe sobre los trabajos de consolidación de la estructura en Puebla.
Dicho informe arrojó datos que sorprendieron a más de uno porque se hizo al margen del apoyo estatal, es decir, fuera del alcance de Aguilar Pala: 703 mil 524 afiliados, 276 mil credenciales entregadas, 2 mil 897 Comités Seccionales creados -849 en la capital poblana-, lo mismo que 217 Consejos Municipales instalados.
¿Por qué Pablo Salazar no se pronunció sobre el escándalo de Salvatori y Palomares si es que sus paleros lo presentan como el dirigente estatal de facto de Morena? ¿Será porque está más interesado en las candidaturas que en llevar a buen puerto los destinos del partido, lo que significa acompañar al gobierno estatal y fortalecer la narrativa ante cualquier embate?
El silencio de los principales responsables de Morena en Puebla terminó por generar un costo mayúsculo ante el mazazo dado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Políticamente el mensaje es devastador para Morena Puebla, pero no extraño ante el comportamiento errático, contradictorio y conflictos intereses que pululan en su interior.
Antecedentes había.
En marzo de este año, por ejemplo, Nayeli Salvatori estaba una vez más en el ojo del huracán por difundir un video en el que se burlaba de estudiantes heridos tras el colapso de una estructura durante una ceremonia de graduación en la Ibero CDMX.
Desde la propia dirigencia estatal se optó por justificar su comportamiento bajo el argumento de que Salvatori era, según la expresión de utilizada por Alfonso Bermúdez, “a veces diputada y a veces influencer”.
Ese antecedente resulta especialmente incómodo.
Porque una cosa es permitir que un militante tenga personalidad propia y otra, muy diferente, es convertir la personalidad en patente de corso. Cuando un escándalo mayor llegó, Bermúdez, Villegas, Olga Romero sabían que no podían esgrimir el mismo argumento, por eso el silencio fue la única respuesta.
Olga Romero continúa formalmente al frente de Morena en Puebla y en mayo pasado descartó que existiera un relevo inminente en la dirigencia estatal. En aquel momento afirmó que su prioridad era fortalecer la estructura partidista y preparar al movimiento rumbo al siguiente proceso electoral.
Precisamente por eso la pregunta resulta inevitable: ¿Fortalecer qué estructura? ¿La que sabe organizar comités, reuniones y actos políticos, pero que desaparece cuando el propio partido enfrenta una crisis de reputación? ¿Una dirigencia que funciona para la fotografía, pero no para ejercer disciplina?
Insisto en una serie de reflexiones que he compartido en los últimos días.
Reducir todo este episodio al “error” de Nayeli Salvatori y Graciela Palomares sería demasiado cómodo. El problema de fondo es institucional. Es la normalización de una política convertida en espectáculo e intereses por encima del partido.
Morena no puede pretender ser al mismo tiempo el partido de la transformación social y el partido que mira hacia otro lado cuando algunos de sus representantes utilizan expresiones que desatan la condena nacional.
La incongruencia termina siendo más corrosiva que el escándalo original.
Si la dirigencia nacional tiene que venir a Puebla a recordarles a sus propios dirigentes que existen principios, estatutos y mecanismos de disciplina interna, entonces cabe preguntarse qué función está cumpliendo realmente la dirigencia estatal.
