Nacho Juárez Galindo
La renuncia de Alejandro Gertz Manero, ordenada y ejecutada en menos de 24 horas, provocó un nuevo choque eléctrico, más poderoso y letal, al interior del sistema político mexicano y confirmó, de una vez por todas, la única ecuación del poder: quien manda en el país es una mujer.
Los primeros antecedentes fueron, sin duda, la revelación de la red criminal, encabezada por los sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, encargada de propiciar y administrar el huachicol fiscal, cuyo impacto sigue sintiéndose en diferentes niveles de gobierno.
Ese escándalo se aparejó a la investigación y posterior detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en la gestión de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, un caso que mandó a la tierra del descrédito al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.
Ambos casos, por sí mismos, eran el mensaje más claro desde el poder que tanto involucrados como otros sectores de Morena, sobre todo los llamados “duros”, no quisieron entender.
Dicha burbuja nunca pensó que esos movimientos fueran posibles, pero cuando ocurrieron intentaron minimizarlos y declarar una soterrada guerra contra el nuevo grupo en el poder. En su ecuación, solo era necesario que los días pasaran para que todo se mantuviera igual y que el costo lo cargara directamente la Presidencia de la República.
La pesadilla vino la noche del miércoles de la semana pasada cuando se difundió como reguero de pólvora la inminente salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Ahí fue cuando todos, incluidos los duros de Morena como la oposición, comenzaron a temblar.
En la ruta trazada por el actual gobierno federal hay un elemento básico para que todo camine correctamente en el país: desmontar la estructura criminal que, por corrupción, solapamiento y conveniencia, no solo se extendió y entronizó en diferentes regiones del país, sino que se apropió de áreas claves del gobierno.
La ruta del huachicol fiscal, ahora lo sabemos, involucró tanto a los sobrinos del exsecretario de Marina como al Ejército Mexicano. Una serie de trabajos periodísticos difundidos en el portal Aristegui Noticias dieron cuenta de que había un ejército de “soldados del huachicol” que seguían un camino muy parecido.
¿Heredó este nuevo gobierno un país sumido en una crisis de seguridad a causa del crimen organizado en el que participaron cárteles, grupos delictivos y autoridades? La respuesta es evidente. El problema es que esa realidad se trastocó con el triunfo del presidente bully de Estados Unidos, que tiene en los cárteles del narcotráfico mexicano la retórica perfecta para alimentar el odio de su base electoral y de seguidores.
Este nuevo gobierno tenía dos opciones: mantener el status quo, con la inequívoca consecuencia de ahondar más el problema de inseguridad; o cambiar todo de raíz. En los hechos, se comprobó que optaron por el segundo escenario.
Los datos lo demuestran: hoy se cometen la mitad de homicidios que los registrados en el sexenio pasado, se han desarticulado decenas de bandas en todo el territorio nacional, lo que derivó en la captura de 35,817 personas; los principales cárteles han visto reducidos sus círculos de operación y, en casos extremos como La Barredora, han pasado al olvido.
Sin embargo, a toda esta estrategia le hacía falta una pieza clave: una Fiscalía General de la República que actuara con la misma celeridad y contundencia. Fue allí donde el otrora poderoso Alejandro Gertz Manero hizo aguas.
Algunos columnistas revelaron este fin de semana que desde hace más de siete meses el ahora exfiscal había sido convidado a separarse del cargo, pero se rehusó de plano.
Si hacemos cuentas, fue justo cuando el actual gobierno federal comenzaba a dar los golpes más importantes no solo ante la presión de Estados Unidos, sino que confirmaba en los hechos que el cambio de estrategia estaba en marcha.
Para esa fecha, el aparato de seguridad federal ya había enviado a 29 de los narcotraficantes mexicanos más emblemáticos a Estados Unidos; los Chapitos estaban cercados, al grado de verse obligados a pactar con el Cártel Jalisco Nueva Generación y otras organizaciones, además de que comenzó a reducirse el índice delictivo y, principalmente, el número de homicidios.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República también venía de demostrar su incapacidad para dar resultados efectivos, inmediatos y sin titubeos sobre el escándalo del rancho de Teuchitlán, la primera gran crisis que enfrentó esta administración.
Mientras en materia de seguridad, economía, relación con Estados Unidos y ciencia, el gobierno federal seguía cosechando resultados, los duros de Morena seguían sin entender que las cosas habían cambiado.
Los mensajes estaban por todos lados y ninguno querían escuchar. El más claridoso en términos políticos, quizás, fue que Hugo Aguilar Ortiz se convirtió en el candidato a ministro más votado en el país, por lo que se convirtió en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aguilar fue la propuesta presentada por la Presidencia de la República, mientras que los duros de Morena juraban que Lenia Batres Guadarrama ganaría la titularidad. Con los resultados a la vista, tampoco quisieron entender.
Y así llegó el fatídico mes de junio y la confirmación de una investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena por ser el cabecilla del Cártel de La Barredora en Tabasco. El golpe político resultó mortal para Adán Augusto López Hernández, los focos rojos se prendieron y, en lugar de aceptar una dimisión, el senador apostó al tiempo como sinónimo de impunidad.
La Fiscalía General de la República, por su parte, sencillamente brilló por su ausencia, a pesar de que había carpetas de investigación tanto locales como federales. Esa inacción terminó por rebotar negativamente contra el gobierno federal, al que acusaron de no hacer nada para proceder contra el senador.
Con ese escándalo encima, vino entonces la detención del vicealmirante Roberto Farías, sobrino del exsecretario de Marina, así como otros nueve marinos y cinco civiles involucrados en una red de huachicol fiscal. Fernando Farías, otro de los cabecillas, logró evadir a la justicia sin que hasta el momento se conozcan las causas, aunque algunos atribuyeron esa situación a un posible alertamiento.
Fue allí cuando el país se enteró, por voz del propio Gertz Manero, que los sobrinos incómodos estaban siendo investigados desde hace dos años. ¿Por qué en tanto tiempo no hizo nada?
El caso siguió su curso y poco se supo del trabajo de la FGR o de las acciones a seguir. Una vez más, el gobierno federal tuvo que pagar el costo por la percepción de una inacción para profundizar en el caso.
Como podrá entenderse, el deterioro de las relaciones y trabajo con la FGR estaba en un vertiginoso deterioro y el asesinato del alcalde Carlos Manzo habría venido a confirmarlo.
El homicidio ocurrió justo cuando la Presidencia de la República y la Corte habían dado uno de los golpes propagandísticos más importantes: obligar a Ricardo Salinas Pliego a pagar más de 79 mil millones de pesos de impuestos que evadió desde 2008.
En términos narrativos, para el nuevo gobierno federal se trató de un caso que resultaba crucial, ya que por primera vez en el país un empresario era obligado a pagar; es decir, se confirmó que al frente del país estaba una mujer capaz y resuelta a hacer cumplir la ley contra los poderosos, que no habría impunidad.
El homicidio de Carlos Manzo desvió la atención y, por el contrario, sirvió de carne de cañón para la oposición para lucrar políticamente.
Anteriormente, cuando ocurría un hecho de esa gravedad, la práctica común era que la FGR atrajera el caso para una urgente investigación y resolución. Eso no ocurrió en Michoacán. Fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, junto con la Fiscalía General del Estado, la encargada de dar resultados en 14 días, un tiempo récord.
Por eso cuando el miércoles trascendió la salida de Gertz Manero, el sistema político hizo eclosión, pues la noticia fue acompañada de una más: como relevo estará Ernestina Godoy Ramos, una de las mujeres de mayor confianza en el epicentro del poder y quien desde la Fiscalía General de la CDMX hizo un extraordinario dúo con Omar García Harfuch.
El mensaje es incontrovertible: el brazo de seguridad y de la FGR responden a una sola persona; el aparato criminal que operaba será desmontado y no importa quién tenga que caer. Ahora sí, todos los que no entendieron los anteriores mensajes se pusieron a temblar.
En este contexto, no es casual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya reaparecido nuevamente. Hábil político y congruente con su esencia, no solo respaldó a la presidenta de la República, sino que advirtió que México aún se encuentra en “temporada de zopilotes”.
La postura asumida por el expresidente, quien prácticamente confirmó que no hará una gira de presentación de su libro “Grandeza” por el país, porque no pretende hacerle sombra a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y porque ha decidido retirarse de la vida política, sin simulaciones.
El simple hecho de que el expresidente saliera a las calles, una vez más, con el pretexto de su libro, provocaría una fisura en el movimiento de la Cuarta Transformación que solo beneficiaría a la oposición.
AMLO lo sabe y la presidenta también.
