El reciente aval de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a un impuesto del 3.5% sobre las remesas ha generado alarma entre comunidades migrantes. La medida, incluida en el megaplan fiscal impulsado por Donald Trump, fue aprobada por un estrecho margen y ahora pasará al Senado para su discusión.
El impacto sería de gran escala. El Caucus Hispano del Congreso (CHC) calcula que más de 40 millones de personas —incluidos indocumentados, residentes permanentes y personas con visa temporal— se verán afectados. Para países como México, Honduras, Nicaragua y El Salvador, las remesas representan entre 10 y 25 por ciento del PIB, según el Banco Mundial.
En México, el gobierno federal denunció que la imposición viola el tratado bilateral para evitar la doble tributación. Claudia Sheinbaum calificó el gravamen como “discriminatorio” y recordó que ya existen costos sobre el envío de dinero. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, advirtió que el nuevo impuesto duplicaría la carga fiscal sobre recursos que ya pagan impuestos en origen.
Si bien el gravamen original era de 5 por ciento, las gestiones diplomáticas redujeron la cifra a 3.5. Aun así, voces como la del embajador Esteban Moctezuma, quien celebró la reducción, han sido duramente criticadas por la comunidad migrante. “No es un logro que nos golpeen menos”, expresaron usuarios en redes sociales.
Legisladores de Morena, PAN, MC y el PT viajaron a Washington, aunque su interlocución con demócratas fue vista como un error estratégico dado que la mayoría legislativa la tienen los republicanos.
A pesar de las acciones diplomáticas, el impuesto fue aprobado. El gobierno mexicano aseguró que continuará insistiendo con argumentos legales y diplomáticos ante el Senado estadounidense.
