La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció este martes un conjunto de medidas legales y administrativas para enfrentar el despojo de viviendas, fenómeno que definió como una de las agresiones más dolorosas contra el patrimonio y la tranquilidad de las familias. Desde la sede del gobierno capitalino, la mandataria presentó la instalación formal del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, así como una batería de reformas que buscan cerrar las grietas legales que han permitido a redes delictivas apropiarse de inmuebles por medios violentos o fraudulentos.
“Es un delito que lastima profundamente, que se comete muchas veces en agravio de personas en situación de vulnerabilidad y que opera desde la sombra, amparado en simulaciones legales”, advirtió Brugada. Por ello, su administración desplegará una estrategia estructural, que incluye una Unidad Operativa Especializada contra Despojos, adscrita a la Secretaría de Gobierno, encargada de dar seguimiento inmediato a cada caso, integrar expedientes y coordinar la intervención de las instancias competentes.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, detalló que el despojo se manifiesta en tres formas principales: actos simulados con documentación falsa, actos violentos con amenazas o uso de fuerza, y casos de usufructo ilegítimo por indefinición de la propiedad. “Este fenómeno requiere una respuesta transversal, que implica a muchas dependencias del gobierno”, explicó.
La estrategia contempla también una campaña permanente de prevención y cultura de la legalidad, para informar a la población sobre cómo proteger su patrimonio, identificar señales de alerta y denunciar oportunamente. En paralelo, se puso en marcha una línea telefónica exclusiva (55 53 45 81 20), así como una mesa de atención especializada en el Zócalo Ciudadano, que ya ha recibido cerca de 150 casos en sus primeras semanas de operación.
Pero el eje más contundente de la estrategia se encuentra en el plano legislativo. La fiscala general de justicia de la CDMX, Bertha María Alcalde Luján, anunció una iniciativa de reforma al artículo 237 del Código Penal, con la que se endurecen las sanciones contra quienes incurran en este delito. El tipo penal base contempla penas de 6 a 11 años de prisión, mientras que las agravantes —como uso de violencia, participación de servidores públicos o simulación de actos legales— podrán alcanzar de 12 a 22 años de cárcel, sin derecho a fianza.
La iniciativa también amplía las conductas tipificadas como despojo, incluyendo la ruptura de cerraduras, el impedimento al uso del inmueble, o la simulación de procesos jurídicos como juicios sucesorios falsos o escrituras emitidas por notarios fuera de la capital. En este punto, las autoridades subrayaron que uno de los mecanismos más comunes es la intervención de fedatarios públicos de otras entidades federativas para legitimar compras ficticias.
A este respecto, se propondrán reformas a la Ley del Registro Público de la Propiedad y a la Ley Registral local, para exigir constancias oficiales cuando un notario de otra entidad intente registrar escrituras en la capital. También se habilitarán mecanismos de alerta electrónica ante inscripciones sospechosas, así como inscripciones precautorias sobre bienes públicos en riesgo.
Por su parte, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, enfatizó que muchos de estos despojos se consolidan por lagunas en los procedimientos notariales, falta de control sobre el tracto sucesivo, y omisiones en la verificación de juicios de herencia. Indicó que, bajo instrucciones de la jefa de Gobierno, se revisará también el artículo 806 del Código Civil para establecer criterios más claros sobre la buena fe en los actos contractuales.
Otro elemento innovador es la incorporación de una figura de delito equiparado, prevista en un nuevo artículo 238 Bis del Código Penal local. Esta figura permitirá sancionar a quienes, después de ser legalmente requeridos para abandonar un inmueble, se nieguen a hacerlo. Además, se castigará con el mismo rigor a quienes, sin participar directamente en el acto, se beneficien del despojo valiéndose de un cargo público, sindical o de liderazgo comunitario.
Las autoridades anunciaron que la Fiscalía capitalina también se reestructurará. La actual unidad que atiende delitos ambientales y despojos será dividida en dos, y se creará una fiscalía especializada exclusivamente en casos de despojo. Esta fiscalía contará con mayor personal, unidades de análisis y una célula de casos prioritarios, especialmente aquellos que revelen modus operandi repetitivos o estructuras delictivas organizadas.
El enfoque de la estrategia, coincidieron las y los funcionarios presentes, es preventivo, jurídico y humano. “No se trata sólo de endurecer las penas, sino de romper con la normalización de este delito, proteger los hogares, la legalidad y los derechos patrimoniales de quienes habitan la ciudad”, sostuvo Brugada.
La mandataria subrayó que el despojo no es una práctica aislada ni espontánea, sino parte de un fenómeno estructural que afecta gravemente a comunidades enteras, especialmente en zonas de alta plusvalía, conservación ecológica o valor histórico. En estos casos, las sanciones también serán agravadas.
La conferencia concluyó con una actualización sobre la búsqueda de Ana Amelí, joven desaparecida en la zona del Pico del Águila. Aunque se trata de un tema distinto, la jefa de Gobierno insistió en que ambos casos —el despojo y las desapariciones— exigen coordinación, presencia territorial y mecanismos de justicia que prioricen a las víctimas.
