Un fuerte operativo de seguridad marcó este lunes la segunda comparecencia judicial de Ximena “N”, mujer de nacionalidad argentina identificada en redes como “Lady Racista”, quien fue vinculada a proceso por el delito de discriminación en contra de un agente de tránsito de la Ciudad de México. La sesión judicial se llevó a cabo en el juzgado ubicado en la calle Doctor Lavista, donde desde temprana hora se desplegaron elementos policiales para evitar nuevos incidentes.
La medida preventiva se implementó tras los hechos registrados el pasado 25 de julio, al término de la audiencia inicial, cuando un grupo de manifestantes increpó a la acusada mientras salía del tribunal. La mujer corrió hacia un vehículo que la esperaba en la vía pública, pero fue alcanzada por gritos, líquidos y botellas arrojadas por personas que expresaron su repudio. “¡Vete a tu país!”, gritaron. El vehículo se retiró rápidamente del sitio y las imágenes circularon ampliamente en plataformas digitales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió un comunicado en el que calificó como inaceptables las agresiones cometidas contra la acusada y recordó que, aun en contextos de protesta legítima, no puede haber lugar para la violencia. Detalló que el grupo que se manifestó pertenece a un colectivo ciudadano que ejercía su derecho a la expresión pública, pero excedió los límites de la legalidad.
El juez de control determinó este lunes que existen indicios sólidos para continuar el proceso penal contra Ximena “N”, por lo que dictó su vinculación a proceso por el delito de discriminación, conforme al artículo 206 del Código Penal de la Ciudad de México. Entre las medidas cautelares impuestas, se incluyen la obligación de presentarse periódicamente ante un juez durante los próximos seis meses, la prohibición de salir del país y una disculpa pública al agente afectado.
Los hechos que motivaron la denuncia ocurrieron el 3 de julio en la colonia Hipódromo Condesa, cuando trabajadores del sistema de parquímetros intentaban colocar un inmovilizador a un vehículo de lujo por falta de pago. Al percatarse de la maniobra, la mujer salió a confrontarlos, y cuando un policía intervino para mediar, recibió insultos abiertamente racistas y clasistas. Frases como “pinche negro”, “los odio por nacos” y “ahorita vas a ver” quedaron registradas en video.
El caso adquirió notoriedad nacional e internacional tras la difusión del material audiovisual. El señalamiento público fue inmediato y llevó a la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia capitalina. Además del video que motivó la denuncia, en los días recientes circularon otras grabaciones en las que la mujer insulta a una guardia de seguridad por negarse a abrirle una puerta: “Pinche gata de mierda”, grita en tono amenazante.
La acusada fue identificada como Ximena P., residente de un exclusivo fraccionamiento en Santa Fe. Reportes periodísticos indican que adeuda más de 147 mil pesos de mantenimiento y que las placas de su vehículo presentan 26 infracciones acumuladas en los últimos cinco años, muchas de ellas sin pagar. Incluso se señala que las placas no corresponden al modelo del automóvil que conducía el día de los hechos.
En sus redes sociales, Ximena P. se define como “mamá, actriz, modelo y cantante”, aunque también ha sido vinculada con actores políticos sin que se haya confirmado oficialmente alguna afiliación o cargo. A pesar del escándalo, continúa publicando contenido en sus cuentas personales.
La Comunidad Argentina en México (Argenmex) condenó los actos cometidos por su compatriota y expresó su preocupación por los discursos de odio, el racismo y la xenofobia. En un comunicado público, el colectivo manifestó su “rechazo categórico a cualquier acto que violente los derechos de terceros” y llamó a que se impongan sanciones conforme a derecho.
El proceso continuará en próximas semanas con la audiencia intermedia, donde se presentarán pruebas y alegatos. Mientras tanto, el caso ha generado un amplio debate sobre la normalización de expresiones discriminatorias y la capacidad de las instituciones para responder con firmeza ante actos de odio. Para las autoridades, este caso representa una oportunidad de reafirmar los principios de igualdad y justicia en el espacio público.
