La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que el Acuerdo Nacional de Maíz y Tortilla se sostiene en un principio de adhesión voluntaria y no en la imposición de precios. Durante su conferencia matutina, subrayó que el objetivo es reducir en cinco por ciento el precio del maíz y de la tortilla sin establecer un control de precios, sino mediante la colaboración directa entre los actores que integran la cadena productiva y comercial del alimento más consumido por las familias mexicanas.
“Queremos que las tortillerías sigan funcionando, que produzcan y que el precio baje a través de este esquema de colaboración”, afirmó la mandataria. Para alcanzar esta meta, el gobierno federal ha ofrecido incentivos no monetarios, como la simplificación de trámites y respaldo institucional, a fin de generar un entorno propicio para la integración de productores, comerciantes y distribuidores al acuerdo nacional.
El Acuerdo Nacional de Maíz y Tortilla forma parte de una estrategia integral del gobierno de México para garantizar el acceso a alimentos básicos a precios accesibles, en un contexto de presiones inflacionarias globales. Desde junio pasado, la convocatoria para adherirse al plan fue abierta a empresas, pequeños productores, molineros y comerciantes del país, con la meta de conformar una red nacional que priorice la producción local, reduzca costos de intermediación y fortalezca el consumo popular.
El programa ha sido bien recibido por organizaciones campesinas, tortillerías tradicionales y algunas cámaras empresariales, que reconocen en esta política un esfuerzo por sostener el precio de la tortilla sin recurrir a medidas coercitivas. Sin embargo, aún se espera la incorporación de grandes comercializadoras y grupos industriales para ampliar su impacto.
Sheinbaum explicó que el esquema no plantea eliminar intermediarios de forma obligatoria, sino promover un trato directo entre quienes producen el maíz, quienes lo transforman y quienes venden la tortilla. De acuerdo con la Secretaría de Economía, esta relación directa podría reducir en cinco por ciento el costo al consumidor final, dependiendo del contexto de cada región.
Durante su mensaje, la presidenta reiteró que el compromiso del gobierno será facilitar los procesos administrativos, acompañar a los participantes con asistencia técnica y fomentar prácticas que abatan costos sin afectar la calidad del producto. También destacó que se está construyendo una plataforma de coordinación para dar seguimiento a las experiencias de cada estado, a fin de replicar los modelos más eficientes.
El acuerdo no contempla subsidios directos ni una canasta básica limitada. En su lugar, promueve condiciones estructurales que permitan sostener precios razonables sin descuidar la rentabilidad de los pequeños negocios. “Sabemos que la tortilla es esencial, y si logramos que su precio se mantenga accesible, estamos fortaleciendo la economía de millones de hogares”, expresó la mandataria.
Entre las organizaciones adherentes destacan la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Central Campesina Cardenista (CCC), cooperativas regionales del Bajío y del sureste mexicano, así como agrupaciones de tortillerías urbanas que han visto en el acuerdo una alternativa viable frente al alza de insumos como el gas, el transporte o la electricidad.
Además del enfoque económico, el programa busca recuperar la soberanía alimentaria mediante el impulso al maíz nativo y criollo, la promoción de buenas prácticas agrícolas y la reducción de la dependencia de maíz importado. La presidenta insistió en que este es solo un primer paso hacia una política alimentaria más justa, incluyente y sostenible.
Al cierre de su intervención, Sheinbaum exhortó a las empresas distribuidoras, a las grandes comercializadoras y a los actores del comercio informal a participar. “La invitación sigue abierta. Entre todos podemos construir una economía popular más fuerte, sin imposiciones, con justicia”, dijo.
