El Congreso estadounidense aprobó poner fin al cierre de gobierno más prolongado en su historia, tras 43 días de suspensión parcial de actividades federales. La Cámara de Representantes respaldó con 222 votos a favor y 209 en contra la resolución del Senado que autoriza una extensión presupuestaria hasta el 30 de enero, medida que permitirá reanudar la operación de agencias y servicios públicos. El proyecto será enviado al presidente Donald Trump, quien se prevé lo firme en las próximas horas.
La votación puso término a semanas de tensiones políticas y afectaciones económicas que impactaron a cientos de miles de trabajadores sin salario. Parques nacionales, museos, oficinas administrativas y programas comunitarios quedaron cerrados desde octubre, mientras que aeropuertos y dependencias esenciales operaron con personal reducido. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó pérdidas multimillonarias por la caída en productividad, retrasos contractuales y afectaciones al turismo.
Aunque el acuerdo restablece la normalidad administrativa, no resuelve el fondo del conflicto entre republicanos y demócratas. El paquete aprobado no incluyó la propuesta de prolongar los subsidios sanitarios del Obamacare, demanda central de la oposición. El financiamiento temporal mantiene al gobierno funcionando por poco más de dos meses, periodo en que deberá definirse un presupuesto de largo plazo.
El cierre reveló la vulnerabilidad del sistema ante los desacuerdos partidistas. En Estados Unidos, la ley obliga a detener las operaciones consideradas no esenciales cuando no se aprueban las partidas presupuestarias anuales. Durante la parálisis, los trabajadores federales fueron enviados a casa o continuaron sin percibir sueldos. Las agencias dedicadas a seguridad nacional y control aéreo se mantuvieron activas, pero bajo presión financiera y con personal limitado.
Expertos advirtieron que la prolongada suspensión erosionó la confianza pública y la credibilidad del gobierno. Los retrasos en servicios, el impacto en comunidades dependientes de apoyos federales y la pérdida de ingresos familiares reflejaron la magnitud del daño económico. Aun cuando la ley fue aprobada con apoyo bipartidista en el Senado, el margen en la Cámara Baja mostró la persistente polarización.
Con la firma presidencial, se espera que las operaciones gubernamentales retomen gradualmente su ritmo habitual, aunque la recuperación plena podría tardar varias semanas. La incertidumbre continuará mientras el Congreso debate un presupuesto definitivo que impida un nuevo cierre a inicios de 2026.
