La relación entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo foco de tensión. El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva que otorga al Pentágono luz verde para usar fuerza militar contra cárteles de drogas en América Latina, designados previamente como organizaciones terroristas. El documento, revelado por The New York Times, representa un cambio de paradigma: por primera vez, el combate a estos grupos podría trasladarse de los canales policiales a la esfera de operaciones bélicas.
Entre los objetivos de la estrategia figuran cárteles mexicanos de alto perfil. Aunque el texto oficial no menciona nombres, el historial de declaraciones del presidente y su equipo deja claro que organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación están bajo la lupa. La medida se suma a la designación del Cártel de los Soles, vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro, y de otras pandillas latinoamericanas como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.
Para justificar la escalada, la Casa Blanca sostiene que estas organizaciones representan “una amenaza para la seguridad nacional que trasciende al crimen organizado tradicional”. La designación como entidades terroristas permitiría al gobierno estadounidense desplegar recursos militares, de inteligencia y navales bajo un esquema que ya no se limita a interdicción de cargamentos o apoyo a autoridades locales.
México observa con preocupación. La experiencia histórica en la región muestra que intervenciones militares estadounidenses han derivado en impactos duraderos sobre la soberanía y la estabilidad política de los países afectados. En 1989, Panamá vivió la invasión que capturó a Manuel Noriega y dejó cientos de víctimas civiles. En los noventa, programas antidrogas en Colombia y Perú incluyeron operaciones de intercepción aérea que provocaron muertes de pasajeros inocentes. Estos precedentes alimentan el temor de que México pueda enfrentar incursiones sin previo consentimiento.
Juristas y especialistas en derecho internacional advierten que una orden de este tipo plantea dilemas legales internos. El Congreso no ha aprobado un uso de la fuerza contra los cárteles, como sí lo hizo contra Al Qaeda en 2001. Cualquier acción se ampararía en una interpretación expansiva de la autoridad presidencial para la defensa propia nacional, un argumento que la administración Trump ha promovido con insistencia.
El riesgo no se limita a incursiones en tierra. Patrullajes navales más agresivos, operaciones aéreas de vigilancia o intentos de captura en alta mar de embarcaciones vinculadas a cárteles mexicanos podrían tensar la relación bilateral. Para analistas de seguridad, este es un punto de inflexión: una vez que se cruza el umbral de operaciones militares unilaterales, revertir la medida se vuelve políticamente costoso.
Trump ha buscado durante años reforzar el papel de las fuerzas armadas en la frontera y más allá. En su primer mandato propuso bombardear laboratorios de droga en México, una idea que sus propios secretarios de Defensa calificaron de inaceptable. Ahora, su estrategia parece tener un respaldo formal que, de aplicarse, podría provocar un choque diplomático sin precedentes recientes.
