La corrupción institucionalizada en la cúpula de seguridad durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha tenido una consecuencia judicial sin precedentes: este jueves, una corte civil de Florida condenó a Genaro García Luna y a Cristina Pereyra a pagar más de 2 mil 488 millones de dólares al Estado mexicano, al acreditar su participación en un esquema de desvío y lavado de fondos públicos.
La jueza Lisa Walsh basó su fallo en la Ley RICO, utilizada en casos de crimen organizado, luego de que el gobierno de México demostrara que la pareja acumuló e invirtió de forma ilícita cientos de millones de dólares obtenidos por medio de contratos de seguridad adjudicados sin legalidad.
El proceso civil, iniciado en 2021 por la UIF, reveló una red de más de 50 personas y empresas, entre ellas los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, presuntos intermediarios del dinero desviado a propiedades en Florida. La jueza estableció que García Luna desvió al menos 249 millones de dólares, mientras que su esposa malversó 580 millones.
Este nuevo revés legal ocurre cuando García Luna ya cumple una condena penal en EU por narcotráfico, acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa mientras dirigía las políticas de seguridad en México. El gobierno mexicano considera esta sentencia como una victoria en la recuperación de activos saqueados al erario y un mensaje sobre los límites del poder.
“Este tipo de decisiones judiciales internacionales marcan el camino para combatir la impunidad transnacional”, señaló una fuente de la UIF consultada tras la audiencia.
