En el silencio tenso de la corte federal del Distrito de Columbia, la figura de Abigael González Valencia, El Cuini, marcó un momento esperado desde hace una década. Su primera audiencia en Washington dio inicio formal a un juicio que podría definir la estrategia estadounidense contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La fiscal Andrea Goldbarg abrió el expediente con un arsenal de pruebas: interceptaciones telefónicas, comunicaciones en Blackberry y miles de documentos que detallan operaciones financieras y vínculos directos con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y su hijo Rubén, El Menchito. Para el Departamento de Justicia, El Cuini es algo más que un capo: es el arquitecto que construyó el andamiaje financiero de la organización.
Aunque no enfrenta cargos específicos por lavado de dinero, los fiscales lo identifican como responsable de diseñar un modelo de inversiones inmobiliarias y empresas fachada que garantizó la presencia del CJNG en varios continentes. Ese papel lo distingue de otros líderes narcos: en vez de armas, su fuerza estaba en los números y en la capacidad de mover recursos a gran escala.
Capturado en Puerto Vallarta en 2015, su extradición se convirtió en una larga batalla legal que se extendió nueve años. Solo hasta agosto de 2025 fue entregado a las autoridades estadounidenses, en un contexto de cooperación bilateral reforzada en materia de seguridad.
La próxima audiencia está programada para octubre, y se espera que la fiscalía insista en catalogar el proceso como “complejo”. Esa clasificación daría margen para ampliar plazos y articular una causa judicial que no solo busca condenar a un individuo, sino exponer las raíces financieras del cártel.
El desenlace judicial de El Cuini tendrá repercusiones más allá de su persona. Para Washington, representa la posibilidad de quebrar el motor económico del CJNG; para México, un recordatorio de cómo las redes criminales se sostienen tanto en fusiles como en oficinas contables y transferencias.
