Nunca antes un ex presidente brasileño había enfrentado una condena de esta magnitud. Jair Bolsonaro fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por incitar un golpe de Estado, en un proceso seguido con atención por América Latina y Estados Unidos. La decisión de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal representa un parteaguas: coloca al bolsonarismo en una encrucijada y obliga al gobierno de Lula da Silva a enfrentar nuevas presiones externas.
El tribunal lo declaró culpable de organizar movilizaciones violentas, alentar la participación de militares y desconocer la victoria de Lula en 2022, cuando este obtuvo el 51 por ciento de los votos frente al 49 por ciento de Bolsonaro. Aunque el ejército y la fuerza aérea se negaron a sumarse, las marchas desembocaron en el asalto del 8 de enero de 2023 contra las instituciones federales en Brasilia. El Supremo consideró esas acciones como la prueba definitiva del plan golpista.
La sentencia no implica encarcelamiento inmediato. Falta que se publique íntegramente el fallo y que se resuelvan los recursos legales, pero la magnitud de la condena sorprendió incluso a los analistas más críticos del ex mandatario. Sus abogados, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, adelantaron que recurrirán a instancias internacionales, convencidos de que el proceso respondió más a una lógica política que a un examen jurídico.
Las repercusiones cruzaron fronteras. Donald Trump expresó su “descontento” y advirtió que seguirá defendiendo a su aliado. Washington ya castigó al comercio brasileño con aranceles del cincuenta por ciento y sancionó a jueces del Supremo, lo que Lula calificó como una intromisión inaceptable. Bolivia y Colombia se solidarizaron con el gobierno brasileño, mientras que el Ministerio de Exteriores en Brasilia aseguró que no se dejará intimidar por “ataques injerencistas”.
Bolsonaro, que actualmente cumple arresto domiciliario, podría ser enviado a una prisión común, a una instalación militar o permanecer en su residencia. El ejército ha descartado recibirlo, lo que alimenta la incertidumbre. Para sus seguidores, la sentencia representa una persecución; para sus opositores, una reparación histórica. Lo cierto es que el fallo marca un hito en la defensa del orden democrático brasileño.
