Una cadena de atentados armados y explosivos sacudió el suroeste colombiano durante este martes 10 de junio, en lo que las autoridades describen como una de las ofensivas más violentas desde 2022. De acuerdo con reportes oficiales, los ataques fueron perpetrados por disidentes de las extintas FARC que mantienen enfrentamientos con el Estado colombiano.
Los episodios de violencia dejaron un saldo preliminar de al menos siete personas muertas —incluidos dos agentes de policía— y 36 heridas, entre ellas tres menores de edad. Los hechos ocurrieron principalmente en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, zonas de fuerte presencia insurgente bajo el mando de alias Iván Mordisco, uno de los cabecillas más activos de la disidencia.
Uno de los ataques más letales ocurrió en Guachinte, donde una bomba oculta en una barrera vial fue detonada, provocando la muerte de cuatro personas. Horas después, un policía fue abatido en un peaje que conecta Popayán con Cali. En el lugar, tres agentes resultaron heridos por ráfagas de fusil.
Cali fue blanco de otras acciones: dos motos bomba estallaron en distintos puntos de la ciudad, una de ellas frente a una estación policial. El saldo: un civil muerto y cinco personas heridas. En el norte del Cauca, otra estación de policía fue atacada, provocando la muerte de un agente más.
Explosivos fueron localizados en Palmira, mientras que en El Bordo y Corinto detonaron coches bomba sin dejar víctimas, pero con graves daños estructurales. También se registraron combates en Morales, confirmaron fuentes militares.
El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, vinculó estos atentados con un intento simbólico de las disidencias por conmemorar la muerte de un comandante insurgente abatido en 2022. “Los ataques fueron coordinados, indiscriminados y con el claro propósito de infundir miedo en la población”, sostuvo.
Estos hechos se producen días después del atentado en Bogotá contra el senador Miguel Uribe Turbay, aspirante presidencial, quien recibió tres disparos y permanece en estado crítico. Aunque no hay confirmación oficial de que ambos eventos estén relacionados, el patrón de violencia ha generado alarma nacional.
Desde su llegada al poder en agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro ha impulsado negociaciones de paz con distintos grupos armados, pero sin resultados concluyentes hasta el momento. La jornada de violencia representa un desafío directo a esa política y revela la complejidad del control territorial y armado en regiones clave del país.
