Iván Rivera
En lo que va del año, casi 4 mil 500 poblanos han sido deportados de Estados Unidos, pero la mayoría ha optado por no acercarse a las instituciones estatales en busca de apoyo. El Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) documentó que entre enero y el 27 de junio se contabilizaron 4 mil 487 casos de repatriación.
La gran mayoría ocurrieron después del 20 de enero, fecha en que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Los días finales del mandato de Joe Biden —del 1 al 19 de enero— concentraron 610 deportaciones.
De todos los repatriados, apenas 50 han pedido apoyo económico para iniciar un pequeño negocio en sus comunidades, aunque el programa entrega cheques de 20 mil pesos y contempla opciones como tiendas de abarrotes, carpinterías o fondas. La inversión pública, según el IPAM, asciende a un millón de pesos.
Durante una entrega simbólica de apoyos encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, tres personas originarias de Tlacotepec de Benito Juárez fueron beneficiadas: un comerciante, una cocinera y un carpintero.
A la par de estos apoyos económicos, el IPAM retomó sus jornadas ciudadanas para acercar trámites oficiales y servicios específicos a quienes han retornado: desde el traslado de restos humanos hasta gestiones para repatriaciones médicas o humanitarias. Las actividades se realizan principalmente en cabeceras distritales como Atlixco y Amozoc.
Uno de los retos, según el titular del instituto, Felipe David Espinoza, es que muchos migrantes regresan sin documentación básica, lo que impide su incorporación inmediata al empleo formal. Aunque existen vacantes ofrecidas por organismos empresariales como Canacintra, se requiere un proceso previo de regularización de papeles, certificación de competencias y vinculación con el sector productivo.
Otro obstáculo es el desinterés de algunos repatriados por relacionarse con las instituciones. En varios casos, son sus propias familias quienes los apoyan tras el regreso, mientras que otros optan por permanecer en la frontera norte del país, a la espera de una nueva oportunidad para cruzar a Estados Unidos.
El IPAM aseguró que las puertas están abiertas para quienes decidan acercarse, pero también reconoció que no puede obligar a nadie a participar. “Muchos ni siquiera llegan a sus municipios de origen”, afirmó Espinoza. “Y a quienes sí, les pedimos a los presidentes municipales que nos ayuden a difundir los programas.
