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Puebla reporta 558 kilómetros de pavimentación y recibe apoyo de Pemex para ampliar las obras

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La apuesta del gobierno de Puebla por pavimentar caminos y calles con maquinaria propia comienza a reflejarse en las cifras oficiales: 558 kilómetros de infraestructura vial atendidos mediante 13 trenes de pavimentación y un modelo de trabajo que, según el gobernador Alejandro Armenta Mier, cuesta apenas una tercera parte de lo que exigirían los procedimientos convencionales.

El mandatario presentó estos resultados el jueves 15 de octubre en la Ciudad de México, donde anunció un nuevo respaldo federal para extender los trabajos carreteros. Petróleos Mexicanos (Pemex) autorizó la donación de 10 mil toneladas de AC-20, material asfáltico que permitirá ampliar las intervenciones en caminos y calles de la entidad.

La estrategia combina maquinaria estatal, suministro de materiales y coordinación con dependencias federales. Armenta sostuvo que la reducción de costos permite atender más kilómetros con los recursos disponibles, aunque el comunicado no precisa el monto total invertido, los contratos de referencia ni la distribución de los 558 kilómetros por municipio.

Pavimentar más con menos presupuesto

Para dimensionar el alcance de los trabajos, el gobernador comparó los 558 kilómetros reportados con distancias carreteras entre Puebla y ciudades como León, San Luis Potosí o Puerto Escondido, además de una ruta cercana a Ixtapa-Zihuatanejo.

La comparación permite ilustrar la longitud acumulada de las intervenciones, aunque no significa que se haya construido una carretera continua de esa extensión.

El mandatario afirmó que los trenes de pavimentación forman parte de una estrategia para conectar comunidades y municipios con mayores necesidades de infraestructura. El propósito, explicó, es mejorar los traslados y aprovechar el presupuesto público mediante una reducción de los costos de ejecución.

“Cuando se trabaja con honestidad y con el pueblo, el dinero alcanza”, declaró Armenta, quien vinculó los resultados con la política de infraestructura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el manejo de los recursos estatales.

La donación autorizada por Pemex incorpora otro componente al programa. El AC-20 es un cemento asfáltico utilizado en la elaboración de mezclas para pavimentación. Las 10 mil toneladas anunciadas representan una aportación de materia prima, aunque todavía no se informó cuántos kilómetros adicionales podrán atenderse con ese volumen.

El gobernador mencionó la coordinación con el Gobierno de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina para ampliar los trabajos. El comunicado no detalla las funciones específicas que corresponderán a estas instituciones.

La responsabilidad municipal entra en la discusión

El anuncio de infraestructura también sirvió para que Armenta dirigiera un mensaje a los presidentes municipales sobre el manejo del presupuesto y el cumplimiento de sus obligaciones.

El gobernador recordó que los ayuntamientos tienen responsabilidades en servicios como pavimentación, alumbrado público, suministro de agua potable y recolección de residuos. Aunque señaló que la administración estatal interviene para atender necesidades ciudadanas, insistió en que los gobiernos municipales deben priorizar las obras útiles y evitar costos excesivos.

“Se enojan porque lo digo, pero es la verdad, acabamos con el modelo de calle-milpa, calle-moche”, expresó.

La declaración introdujo una crítica a prácticas que el mandatario asocia con el encarecimiento y manejo indebido de las obras públicas. Sin embargo, no identificó ayuntamientos, funcionarios, contratos ni expedientes específicos que permitan establecer responsabilidades.

Armenta sostuvo que la planeación del gasto debe traducirse en una mayor cobertura de servicios sin comprometer las finanzas públicas. Su planteamiento coloca la eficiencia presupuestal como uno de los criterios para evaluar la inversión municipal.

El siguiente reto: identificar las obras y sus costos

El avance anunciado plantea dos asuntos distintos: la capacidad del gobierno estatal para atender vialidades con maquinaria propia y la información necesaria para comprobar el ahorro presupuestal que atribuye a ese modelo.

El reporte oficial fija una extensión acumulada de 558 kilómetros y señala un costo equivalente a una tercera parte del convencional. No obstante, para conocer el alcance de la estrategia faltan datos sobre la ubicación de los tramos, el tipo de intervención, el presupuesto ejercido y los criterios utilizados para calcular la diferencia de costos.

La autorización de Pemex abre la posibilidad de extender los trabajos, pero todavía no existe en el comunicado un calendario de entrega del material ni una relación de los caminos que recibirán atención.

“Hablamos con calidad moral, no compramos conciencias”, afirmó Armenta al defender el uso del presupuesto y la orientación social de su administración.

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