Iván Rivera
El Gobierno de Puebla enviará al Congreso del Estado un paquete de iniciativas que incluye modificaciones en materia de desarrollo urbano, cambios a la Ley Orgánica Municipal y una reforma constitucional para establecer un límite máximo de 15 regidores en los cabildos de los 217 municipios.
El anuncio fue realizado por el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien adelantó que las propuestas comenzarán a discutirse durante el actual periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo.
El funcionario explicó que la administración estatal tiene la intención de impulsar una nueva agenda legislativa enfocada en temas como bienestar, seguridad, educación y ordenamiento territorial.
Entre los proyectos más relevantes destacó la intención de modificar la integración de los Ayuntamientos, particularmente el número de regidores que actualmente varía dependiendo de la población de cada municipio.
La propuesta del Ejecutivo pretende fijar un tope de hasta 15 regidurías, bajo el argumento de optimizar el funcionamiento de los cabildos y hacer más eficiente la representación municipal.
Además, el gobierno estatal enviará reformas relacionadas con desarrollo urbano y ajustes a la Ley de Ordenamiento Territorial para actualizar criterios sobre crecimiento urbano.
El coordinador también reconoció que existe rezago en algunos temas legislativos y llamó al Congreso poblano a avanzar en la homologación de la Ley de Revocación de Mandato con las disposiciones federales.
Aunque evitó dar detalles específicos sobre cada iniciativa, adelantó que las propuestas forman parte de una estrategia para modernizar distintos marcos normativos en Puebla.
“Es una nueva oportunidad para los legisladores de mantener un diálogo abierto, respetuoso, propositivo, que se enfoquen en temas prioritarios para Puebla, somos respetuosos con este ente autónomo y como poder ejecutivo tenemos una agenda muy clara para este periodo, basada prácticamente en bienestar, seguridad, educación”, dijo.
Congreso no aprobará iniciativas “al vapor”
Por otro lado, desde el Congreso del Estado diputados advirtieron que las iniciativas que se discuten en el legislativo no serán aprobadas “al vapor” y deberán pasar por procesos de análisis y consenso político.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, aseguró que las propuestas serán revisadas a profundidad en comisiones y negó que existan aprobaciones “fast track” o sin discusión.
Lo anterior luego de las críticas emitidas recientemente por integrantes de Movimiento Ciudadano, quienes acusaron que algunas iniciativas se han avalado con premura.
Gaspar Ramírez defendió el trabajo del área jurídica y legislativa del Congreso, al señalar que actualmente se trabaja “a marchas forzadas” para atender el rezago acumulado en distintas reformas pendientes.
El diputado explicó que cada iniciativa es revisada técnicamente y después cabildeada entre las distintas fuerzas políticas para alcanzar acuerdos antes de ser votada en el Pleno.
Dentro de la agenda legislativa también se encuentra el seguimiento a otros temas relevantes, como la concesión de parabuses aprobada para el Ayuntamiento de Puebla.
Sobre este tema, la diputada Guadalupe Vargas informó que el Congreso dará seguimiento a la implementación del proyecto para verificar condiciones de seguridad y cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana en estos espacios.
Entre las medidas acordadas destacan el mantenimiento de 401 parabuses, la integración de un Comité Técnico de Licitaciones y la utilización de una bolsa inicial de 15 millones de pesos destinada principalmente a acciones de seguridad.
Por otra parte, el Congreso de Puebla también perfila una reforma constitucional para aplazar hasta 2028 la primera elección judicial en el estado.
Al respecto, el diputado Julio Huerta Gómez explicó que a nivel federal se impulsa una modificación para mover la segunda elección judicial al 4 de junio de 2028, con el argumento de contar con más tiempo para la organización del proceso electoral y la implementación del nuevo modelo judicial.
De concretarse el ajuste federal, Puebla tendría que armonizar su legislación local para recorrer igualmente la elección judicial en la entidad.
