Iván Rivera
La mañana en que el tema estalló, no hubo clases en el Colegio Carrusel Magone de la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas. Afuera, en la banqueta, comenzaron a juntarse madres y padres con la misma pregunta: qué había pasado dentro del plantel.
Para entonces, la versión ya circulaba entre grupos de WhatsApp y conversaciones a media voz: dentro de la escuela existía un espacio que no aparecía en los recorridos habituales, un cuarto al que algunos niños habían sido llevados como castigo.
Días antes, ese hallazgo había detonado las primeras denuncias: fue a mediados de abril cuando familiares de alumnos reportaron la existencia de ese sitio, descrito como un “cuarto oscuro”, lo que obligó la intervención de autoridades.
A partir de ahí, el caso dejó de ser un asunto interno y pasó a manos de la Fiscalía General del Estado, que abrió al menos cuatro carpetas de investigación: tres por presunto abuso sexual y una más por violencia familiar equiparada.
Las víctimas señaladas, según las primeras indagatorias, son menores de entre tres y cuatro años, pero las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para descartar a más menores afectados.
El titular de la SEP estatal, Manuel Viveros Narciso, confirmó que el plantel ya fue revisado y que, como medida preventiva, se suspendieron las actividades presenciales y se habilitaron en modalidad virtual, en lo que se define el rumbo del colegio.
Dentro de la institución, el movimiento también cambió de ritmo: el personal señalado fue separado de sus funciones y a la par, la autoridad educativa comenzó a preparar escenarios alternativos para los estudiantes.
De acuerdo con Viveros Narciso, la instrucción es clara: si las investigaciones confirman irregularidades graves, el colegio podría perder su clave oficial, lo que implicaría su cierre y la reubicación del alumnado en otras escuelas.
Aunque el Carrusel Magone es una institución privada, las autoridades insistieron en que está obligada a cumplir con los lineamientos de operación y protección a menores, por lo que cualquier falta comprobada tendría consecuencias administrativas y penales.
El caso no es aislado, pues en otra escuela del estado, la primaria “María del Rosario Graciela Hidalgo Moreno”, ubicada en San Bernabé Temoxtitla, autoridades también intervinieron tras denuncias de padres de familia.
En ese plantel, un intendente fue señalado por presuntamente espiar a alumnas dentro de los sanitarios, lo que derivó en su separación del cargo junto con la directora, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
“Están separados de momento y, tan pronto tengamos ya un veredicto de las instancias que están haciendo la indagatoria correspondiente, tendríamos obviamente la obligación, sin duda alguna, de retirar incluso la clave de la escuela”, sentenció.
