Iván Rivera
Aun con resultados en las búsquedas, la exigencia de fondo sigue intacta: que todas y todos regresen a casa. Bajo esa premisa se desarrolló la sexta mesa de trabajo entre colectivos de madres buscadoras y el gobierno estatal, donde se reconocieron avances, pero también pendientes que mantienen la presión sobre las instituciones.
Durante el encuentro, el gobernador Alejandro Armenta informó que en lo que va de su administración se ha logrado la localización de 600 personas con reporte de desaparición. De ese total, 502 corresponden a casos registrados en su gestión y 98 a expedientes rezagados entre 2015 y 2024.
La cifra, sin embargo, fue matizada por el propio mandatario: “mientras no se encuentren a todos sus familiares, el trabajo no estará completo”, admitió ante más de 40 familiares reunidos en el Centro Integral de Servicios de Angelópolis.
El balance se dio en medio de un proceso interno de depuración institucional: Armenta reveló que más de 300 servidores públicos fueron dados de baja por prácticas que entorpecían las investigaciones, en lo que calificó como una “limpieza” necesaria para mejorar los resultados en la localización de personas.
A la par, autoridades estatales reportaron el mejoramiento de capacidades operativas. La Fiscalía General del Estado a cargo de Idamis Pastor Betancourt, incorporó 13 nuevos agentes del Ministerio Público y personal especializado en desapariciones, además de crear una unidad de análisis de contexto y sumar vehículos para operativos.
A esto se agrega la coordinación con la Comisión de Búsqueda, dirigida por Enrique Rivera Reyes, que mantiene mesas semanales de seguimiento.
Las acciones responden a un pliego de ocho demandas presentado previamente por los colectivos, que incluyen mejoras en el trato a víctimas, evitar la revictimización, ampliar personal especializado y mejorar la infraestructura para búsquedas en campo.
Desde las familias, la evaluación es más compleja, y los avances conviven con historias marcadas por la ausencia. Un ejemplo es Rocío Limón, quien busca a su hija Paulina Camargo desde 2015 y señaló que las diligencias han permitido localizar a otras víctimas.
En el mismo sentido, Merari Muñoz, quien busca a su hermana desaparecida desde hace dos décadas, reconoció mejoras recientes en la atención de su caso, aunque apuntó que los resultados aún son insuficientes.
El contexto nacional refuerza la urgencia: hace apenas una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en México hay más de 130 mil personas no localizadas, una cifra que coloca a estados como Puebla bajo presión constante para acelerar las estrategias de búsqueda.
Frente a ello, el gobierno a cargo de Alejandro Armenta anunció que funcionarios permanecerán en la región para dar seguimiento directo a los casos y mantener abiertas las mesas de trabajo, además, la apuesta es pasar de reuniones periódicas a una presencia institucional continua.
