Iván Rivera
El Gobierno de Puebla prepara una demanda contra la empresa Agua de Puebla para Todos, al acusar que incumple con la potabilización de aguas residuales, pese a que este concepto se cobra de manera regular en los recibos de los usuarios.
El trasfondo del diferendo es el saneamiento del agua: de acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta, la empresa Concesiones Integrales SA de CV cobra en los recibos el concepto de potabilización, pero no realiza el tratamiento de las aguas residuales, que terminan descargándose en el río Atoyac y el lago de Valsequillo.
Este último, el más grande del estado, presenta altos niveles de contaminación, con lo cual la situación derivó en que la zona sea considerada la tercera con mayor contaminación atmosférica, debido a la evaporación de aguas sin tratar.
Ante ello, el gobierno estatal comenzó a integrar expedientes para iniciar un proceso legal contra la concesionaria, a la que acusa de incumplir con lo establecido en el título de concesión otorgado en 2013, durante el sexenio morenovallista.
Armenta cuestionó las condiciones en que se entregó dicho contrato durante administraciones panistas, al señalar que fue un acuerdo “leonino” y con posibles violaciones a la Constitución, lo que permitió que se consolidara un esquema que calificó como un negocio irregular.
“Entregaron la concesión de manera leonina y violando la Constitución, con un sentido delincuencial. Le entregaron el agua y Agua de Puebla nos cobra por la potabilización en cada recibo que pagamos, pero no potabilizan. Es un negocio”, indicó.
A la par, expuso que la administración estatal impulsa un plan de saneamiento de la cuenca del Atoyac en coordinación con el gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Este proyecto contempla intervenir 109 kilómetros desde Santa Rita Tlahuapan hasta Valsequillo; hasta ahora se han atendido 30 kilómetros, con avances en la zona de San Matías Tlalancaleca.
El gobernador aseguró que en algunos puntos del Alto Atoyac ya se observan mejoras en la calidad del agua, que comienza a verse más clara tras las primeras intervenciones.
Además, hizo un llamado a colectivos ambientalistas, principalmente de la región de Cholula, para respaldar la instalación de plantas de tratamiento, al considerar que son necesarias para revertir el daño ambiental. En particular, pidió no obstaculizar el proyecto previsto en Huejotzingo.
Exhiben yerros de Agua de Puebla
El anuncio se da luego de que la salida de Gustavo Gaytán de la dirección del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) destapó un diagnóstico interno que apunta a un sistema rebasado, con rezagos en inversión, fallas en el abasto y posibles incumplimientos contractuales acumulados.
La nueva titular del Soapap, Josefina Morales Guerrero, a su llegada realizó una evaluación operativa y jurídica que confirmó que la concesionaria no ha cumplido con obligaciones, particularmente en el suministro continuo de agua y en la ejecución de infraestructura para sostener el servicio en la capital.
Durante su reciente comparecencia ante el Congreso, expuso que casi 4 de cada 10 litros que se extraen de los pozos simplemente no llegan a los usuarios.
Apuntó que, aunque el sistema extrae anualmente más de 110 millones de metros cúbicos de agua, una parte sustancial se diluye entre fugas en la red y conexiones ilegales.
El dato es contundente: alrededor del 40 por ciento del volumen se pierde en el camino. Y detrás de esa cifra hay dos problemas distintos, pues por un lado, el deterioro de la infraestructura como tuberías dañadas y redes obsoletas, provoca pérdidas físicas cercanas al 21 por ciento.
Por el otro, el llamado “huachicol del agua” representa otro 20 por ciento: tomas irregulares o desvíos hacia redes no registradas que no generan ningún ingreso al sistema.
El resultado es un servicio insuficiente: actualmente, cada habitante recibe en promedio 138 litros por segundo, lejos del nivel óptimo estimado en 191.
La presión sobre el sistema no es nueva, pues mientras la necesidad supera los 126 millones de metros cúbicos anuales, la extracción se mantiene por debajo de ese nivel.
A esto se suma un cuello de botella administrativo. Las gestiones ante la Conagua para ampliar el volumen disponible o perforar nuevos pozos siguen sin resolverse.
Entre solicitudes de reasignación, nuevas concesiones y la prórroga de títulos, hay trámites detenidos desde 2023 que, de avanzar, permitirían sumar más de 10 millones de metros cúbicos adicionales, pero sin esas autorizaciones, el margen de maniobra es limitado e incluso está en juego la vigencia de concesiones actuales.
Por otro lado, el modelo de operación también está bajo revisión, luego de que la concesionaria Agua de Puebla acumula observaciones por inversiones que no ha logrado comprobar, por más de 400 millones de pesos en distintos periodos.
En tanto, Soapap arrastra además una deuda superior a los 2 mil millones de pesos, con compromisos tanto con la banca de desarrollo como con el gobierno estatal, cuya liquidación está proyectada hasta 2028.
La deuda se originó entre 1996 y 2008, cuando los gobiernos de Manuel Bartlett, Melquiades Morales y Mario Marín contrataron créditos por más de 2.1 mil millones de pesos para proyectos hídricos.
Sin embargo, tres décadas después, el monto pagado ya asciende a 4 mil 217 millones de pesos, es decir, más del doble de lo originalmente adquirido.
El endeudamiento inició con 724.6 millones en 1996, luego se sumaron 845.5 millones en 2004 para plantas de tratamiento y otros 658.7 millones en 2008 para obras diversas.
Esta carga financiera ha sido cubierta por administraciones posteriores, desde Moreno Valle hasta el actual gobierno, sin que el pasivo termine de liquidarse.
