Iván Rivera
Las indagatorias sobre la asignación de bases en el sector educativo de Puebla se ampliaron de manera significativa. La muestra que originalmente contemplaba poco más de 2 mil expedientes ahora abarca 7 mil plazas, luego de que la Auditoría Superior del Estado determinara ampliar la revisión ante posibles inconsistencias.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, precisó que el ajuste en el universo de análisis se tomó hace cerca de dos semanas y forma parte del proceso para verificar si las contrataciones se realizaron conforme a la normativa.
Hasta el momento, la administración estatal ha promovido seis denuncias penales contra exservidores públicos por su probable participación en la entrega irregular de bases.
“No tiene nada que ver si son de esta administración o de anteriores. Sea de la administración que sea, quien hizo uso indebido de su cargo para disponer de estas plazas de manera irregular, tendrá que enfrentar las consecuencias. No va a haber impunidad ni se van a permitir actos de corrupción”, sentenció.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que las auditorías no se limitan al ámbito educativo, toda vez que también se realizan procedimientos de revisión en el ISSSTEP y en el SOAPAP, además de otras áreas vinculadas al servicio público.
De acuerdo con el mandatario, su gobierno tiene la intención de reorganizar las plazas y garantizar que estén asignadas en función de las necesidades reales de cada institución.
Señaló que esta revisión responde a planteamientos recogidos durante el periodo electoral, cuando ciudadanos solicitaron mayor transparencia en el manejo de recursos humanos.
Armenta adelantó que no se autorizarán nuevas bases mientras no concluyan las auditorías en curso y señaló que no habrá trato preferencial para ningún funcionario en caso de confirmarse irregularidades.
Como parte de las medidas implementadas para evitar actos de corrupción, expuso que alrededor de 300 personas han sido removidas de sus cargos en distintas dependencias estatales.
