La Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE Puebla) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) estrecharon su colaboración institucional mediante un convenio que permitirá a estudiantes universitarios realizar servicio social y prácticas profesionales dentro del órgano encargado de la fiscalización de los recursos públicos en la entidad.
El acuerdo fue suscrito por Germán Reyna y Herrero, titular de la ASE Puebla, y María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la BUAP, con la participación de Ruth Fuentes Monterrosas, directora general de Administración de la Auditoría, y Ricardo Valderrama Valdez, director de Servicio Social de la máxima casa de estudios.
Más allá de formalizar la incorporación de universitarios a programas institucionales, el convenio plantea un vínculo entre la formación académica y una de las áreas centrales de la vida pública: la vigilancia del uso de los recursos públicos.
De acuerdo con el convenio, los estudiantes de la BUAP podrán incorporarse a programas de servicio social y prácticas profesionales diseñados por la ASE Puebla, con actividades relacionadas con sus perfiles académicos y orientadas a poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria.
La Auditoría podrá registrar los programas correspondientes, establecer las actividades y perfiles requeridos y proporcionar los espacios, materiales y facilidades necesarias para que los jóvenes desarrollen sus funciones.
Durante la firma, Germán Reyna y Herrero destacó que el acuerdo permitirá fortalecer la relación entre la academia y la fiscalización superior, al tiempo que abre espacios para que los estudiantes conozcan de primera mano el funcionamiento de una institución vinculada con la transparencia y la rendición de cuentas.
El titular de la ASE Puebla señaló que la experiencia profesional dentro del organismo permitirá a los universitarios complementar su preparación académica y acercarse a las responsabilidades que implica la vigilancia del correcto ejercicio de los recursos públicos.
El convenio se vincula con el Plan Estratégico 2026-2033
Reyna y Herrero también señaló que la colaboración con instituciones académicas forma parte de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2026-2033 de la ASE Puebla.
En ese documento, explicó, se contempla el desarrollo de alianzas estratégicas con instituciones educativas como una vía para fortalecer las capacidades institucionales y avanzar hacia una fiscalización de mayor desempeño.
La apuesta también implica ampliar la participación social y ciudadana alrededor de la rendición de cuentas.
En este sentido, la incorporación de estudiantes universitarios puede funcionar como un puente entre la formación profesional y las instituciones públicas, particularmente en áreas donde el conocimiento especializado resulta indispensable para revisar, analizar y evaluar el uso de los recursos públicos.
Rectora destaca oportunidad para los jóvenes
Por su parte, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez destacó que el convenio representa una oportunidad para que los estudiantes de la BUAP demuestren sus capacidades y conozcan el funcionamiento de una institución pública especializada.
La rectora subrayó la importancia de que los jóvenes puedan desarrollar experiencia profesional en un organismo como la Auditoría Superior del Estado.
La experiencia, además de cumplir con los requisitos académicos correspondientes, puede permitir a los universitarios conocer procesos institucionales y adquirir herramientas que posteriormente puedan aplicar en el ámbito profesional.
El convenio establece que el servicio social tendrá una duración de 480 horas, mientras que las prácticas profesionales estarán sujetas a los programas académicos de las diferentes carreras.
El acuerdo también establece que las actividades deberán desarrollarse sin interferir con las obligaciones escolares de los estudiantes.
Además, se contemplan mecanismos de seguimiento y evaluación para revisar el desempeño y cumplimiento de las actividades establecidas en los programas.
El documento incorpora también disposiciones relacionadas con confidencialidad, protección de datos personales, seguridad, no discriminación y prevención de la violencia de género, con el propósito de establecer condiciones adecuadas para el desarrollo de los jóvenes dentro de la institución fiscalizadora.
El acuerdo tendrá una vigencia de seis años, con posibilidad de ser prorrogado mediante un acuerdo entre ambas instituciones.
