El juez Enrique Romero Razo fue trasladado al Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, después de que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla lo detuvieron por su presunta responsabilidad en una irregularidad judicial que habría permitido la evasión de una persona de la cárcel de Tecamachalco en septiembre de 2024.
El juzgador, de 58 años, enfrenta señalamientos por delitos cometidos en la procuración y administración de justicia y evasión de presos. Su aprehensión ocurrió este martes en la ciudad de Puebla, cuando mantenía una controversia con el Consejo de la Judicatura por su cambio de adscripción y había obtenido una suspensión definitiva de la justicia federal.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, Romero Razo presuntamente omitió remitir las constancias de un proceso penal al juez de ejecución itinerante en el estado, situación que habría propiciado la fuga de una persona privada de la libertad el 18 de septiembre de 2024.
La investigación ministerial busca establecer la responsabilidad del funcionario judicial en esa omisión y determinar si su actuación tuvo consecuencias penales.
La captura y el traslado a Tepexi
La detención ocurrió durante una intervención de agentes de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en un inmueble de la colonia El Ángel, en la capital poblana.
Los investigadores ejecutaban una orden de cateo cuando Romero Razo salió del domicilio hacia la vía pública. En ese momento, los agentes le notificaron la existencia de una orden de aprehensión y procedieron a detenerlo.
El mandamiento judicial fue emitido por un juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tecamachalco.
Según los reportes periodísticos basados en el Registro Nacional de Detenciones, la captura quedó asentada alrededor de las 12:30 horas del martes 20 de octubre. Posteriormente, el funcionario fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez.
Un amparo favorable antes de su detención
La captura del juez ocurrió mientras permanecía abierta una controversia administrativa con el Consejo de la Judicatura de Puebla, relacionada con su cambio de adscripción.
Romero Razo había impugnado la decisión de trasladarlo de Cholula a Ciudad Serdán mediante el juicio de amparo 1213/2026-VIII.
De acuerdo con información publicada por Oro Noticias, el juzgador obtuvo una suspensión definitiva que permitía su readscripción al Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Penal de Cholula, con efectos desde el 19 de octubre.
La resolución federal buscaba dejar sin efectos, de manera provisional, la determinación administrativa que había modificado su adscripción mientras continuaba el juicio de amparo.
Sin embargo, fue detenido por una investigación penal relacionada con hechos de septiembre de 2024.
La proximidad entre la resolución federal y la aprehensión constituye un elemento relevante de la secuencia judicial, aunque no acredita que exista una relación causal entre ambos procedimientos.
El antecedente del caso Karla López Albert
Romero Razo también había enfrentado cuestionamientos relacionados con actuaciones judiciales en el expediente de Manuel Forcelledo Nader, sentenciado por el feminicidio de Karla López Albert.
El juzgador dictó en 2021 la sentencia condenatoria contra Forcelledo Nader. Posteriormente surgió una controversia por una audiencia celebrada durante su ausencia, en la que se modificaron las condiciones de reclusión del sentenciado.
En mayo de 2026, Romero Razo sostuvo públicamente que se pretendía responsabilizarlo por decisiones tomadas cuando no se encontraba en el juzgado y denunció una presunta estrategia para separarlo de su cargo.
Esas declaraciones corresponden a señalamientos del propio funcionario y no constituyen una determinación judicial sobre las responsabilidades de quienes intervinieron en aquel procedimiento.
Los reportes periodísticos identifican el expediente 109/2014 como el relacionado con Forcelledo Nader, mientras que la investigación que motivó la aprehensión de Romero Razo corresponde a la causa penal 164/2015.
Se trata de asuntos distintos, por lo que la detención no debe atribuirse a las controversias relacionadas con el feminicidio de Karla López Albert.
Bajo custodia mientras se define su situación jurídica
La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las actuaciones legales correspondientes para que la autoridad judicial determine la situación jurídica del imputado.
La investigación deberá establecer si existen elementos suficientes para sostener la acusación por delitos contra la administración de justicia y evasión de presos, mientras la defensa conserva el derecho de controvertir las imputaciones.
Romero Razo consiguió una resolución federal para regresar a su juzgado de Cholula, pero al día siguiente de la fecha prevista para su restitución fue detenido y trasladado a un centro penitenciario.
