Después de 19 años de prisión preventiva, sin una sentencia condenatoria y en medio de un proceso plagado de irregularidades, Israel Vallarta Cisneros fue absuelto por un juez federal la noche del jueves 31 de julio de 2025. La resolución fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, quien determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República no acreditaban de manera suficiente su responsabilidad penal en los delitos que se le imputaban.
La decisión judicial se dio a conocer alrededor de las 22:30 horas, cuando autoridades federales fueron notificadas de la sentencia absolutoria. La orden incluye la liberación inmediata de Vallarta del Penal del Altiplano, donde permanecía desde su detención en 2005. En su resolución, la jueza descartó su participación en una red de secuestro y delincuencia organizada, así como el uso ilegal de armas de fuego, argumentando la falta de elementos probatorios sólidos por parte del Ministerio Público.
Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 en un operativo televisado que marcó un antes y un después en la percepción pública del sistema de justicia penal en México. La detención fue organizada por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), bajo el mando de Genaro García Luna, y presentada como un operativo en tiempo real, aunque posteriormente se supo que fue un montaje mediático.
En ese mismo operativo fue detenida Florence Cassez, ciudadana francesa y entonces pareja sentimental de Vallarta. Su caso fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2013, cuando se ordenó su libertad inmediata tras considerar que sus derechos fundamentales habían sido violados desde la detención y durante el proceso penal. A diferencia de Cassez, Vallarta permaneció preso por casi una década más, sin recibir una sentencia definitiva.
Durante los últimos años, la defensa de Vallarta, apoyada por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y por el Comité contra la Tortura de la ONU, insistió en que fue víctima de tortura, detención ilegal y proceso viciado. El pasado 7 de julio, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito resolvió conceder un amparo para revisar la medida cautelar de prisión preventiva, reconociendo que el juez anterior había desestimado indebidamente las condiciones que justificaban una revisión del caso.
A partir de esa resolución, el IFDP advirtió que era urgente avanzar hacia una modificación del estatus legal de Vallarta, considerando tanto el deterioro físico y mental del acusado como las recomendaciones internacionales para adoptar medidas alternativas a la privación de libertad. Ese mismo boletín, emitido el 15 de julio, instó a la Fiscalía a no obstaculizar el camino hacia la justicia.
La sentencia absolutoria no solo marca el fin de una larga etapa judicial, sino que obliga a revisar el papel de los medios de comunicación, las corporaciones de seguridad y el sistema de justicia penal que permitió su encarcelamiento sin sentencia. El caso Vallarta deja al descubierto una red de complicidades, omisiones y prácticas violatorias de derechos humanos que persisten en el país.
