El 19 de agosto de 2025, Tlaxcala despertó con una noticia que rompió su aparente calma: seis cabezas humanas fueron encontradas a la orilla de la carretera Atotonilco–Ixtacuixtla, a la altura de San Gabriel Popocatla. Una manta con amenazas, adjudicada a “La Barredora”, grupo delictivo con orígenes en Tabasco, acompañaba los restos.
El reporte ingresó a la línea de emergencias 911 a primera hora de la mañana. El testimonio de un automovilista que observó un costal sospechoso a un costado del camino derivó en la movilización inmediata de corporaciones municipales, estatales y federales. La policía local fue la primera en confirmar la presencia de restos humanos, lo que motivó el arribo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La escena evidenció un acto de extrema violencia: cabezas colocadas en bolsas de plástico y dispersas entre terrenos de cultivo, acompañadas de un mensaje que advertía sobre disputas por el control de actividades ilícitas. Según fuentes extraoficiales, la pugna estaría vinculada al mercado ilegal del gas LP, delito que ha ganado terreno en la franja que conecta a Puebla con Tlaxcala.
Reacciones institucionales
El presidente municipal de Ixtacuixtla, Alberto Hernández Olivares, condenó públicamente los hechos y llamó a la ciudadanía a mantener la calma. En un comunicado oficial, aseguró que la alcaldía trabaja en estrecha coordinación con la Fiscalía y con las fuerzas federales. “Nuestros elementos atendieron de inmediato el reporte como primeros respondientes y desde ese momento se estableció comunicación permanente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido”, señaló.
La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que se activaron protocolos forenses para el levantamiento de restos y la identificación de las víctimas. Aunque aún no se ha confirmado si corresponden a habitantes locales, la dependencia subrayó que se mantiene una investigación abierta por homicidio y delincuencia organizada.
El peso de “La Barredora”
“La Barredora” no es un nombre nuevo para las autoridades de seguridad. Aunque su principal base de operaciones se ubica en Tabasco, informes militares lo señalan como una red criminal con capacidad para infiltrarse en instituciones de seguridad pública. Sus actividades abarcan tráfico de migrantes, trata de personas, extorsiones y protección a bandas dedicadas al robo de hidrocarburos.
En filtraciones de Guacamaya Leaks y documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional aparece el nombre de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco entre 2019 y 2024, como presunto operador bajo el alias de “Comandante H”. Con él habría surgido la llamada “Hermandad” o “Cártel Policiaco”, conformada por mandos estatales que habrían utilizado recursos oficiales —patrullas, armamento, credenciales— para respaldar a la organización.
La expansión de este grupo hacia Tlaxcala confirma que la zona centro se ha convertido en un punto estratégico para disputas criminales, particularmente en la frontera con Puebla, donde el robo de gas LP y las extorsiones a transportistas han dejado un historial de violencia creciente.
Contexto de violencia regional
El hallazgo de los restos humanos ocurre pocos días después del asesinato del alcalde de San Marcos Jilotepec, ultimado a balazos mientras viajaba con su familia. Ambos hechos, aunque no están confirmados como parte de una misma cadena de violencia, refuerzan la percepción de que grupos delictivos buscan consolidar su control en la región.
Las autoridades federales desplegaron refuerzos de la Guardia Nacional en la zona y no se descarta que se inicie un operativo conjunto con la Sedena y la Secretaría de Seguridad federal. Mientras tanto, el hermetismo oficial sobre la identidad de las víctimas mantiene a la población en incertidumbre.
La aparición de “La Barredora” en Tlaxcala no solo envía un mensaje de intimidación, también abre un nuevo capítulo en el mapa del crimen organizado del centro del país. Para una entidad considerada hasta ahora con baja incidencia en delitos de alto impacto, el hallazgo representa un giro preocupante que obliga a replantear la estrategia de seguridad local y regional.
