Carlos Eduardo Solares Vega, quien ocupó cargos ambientales durante el gobierno de Miguel Barbosa, y Raúl Piña Horta, exdiputado federal e integrante de un órgano nacional del PVEM, son investigados por supuestamente cobrar cuotas ilegales a verificentros y estaciones de combustible
Redacción Hoja de Ruta
Un exfuncionario de la administración estatal poblana y un político vinculado con la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México fueron detenidos por su probable participación en una red de extorsión que presuntamente obtenía varias decenas de millones de pesos mensuales de propietarios de verificentros y estaciones de servicio en el Estado de México.
Se trata de Carlos Eduardo Solares Vega y Raúl Piña Horta, quienes se desempeñaban como titulares de la Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera y de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, respectivamente.
Antes de ese cargo, Solares Vega fue director general de Asuntos Jurídicos y subsecretario en la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla durante el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, mientras que Raúl Piña Horta se desempeñó como exdiputado federal e integrante de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México.
Así operaba la red
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de México, Piña Horta y Solares Vega presuntamente formaban parte de una estructura que exigía cuotas ilegales a propietarios de centros de verificación vehicular para permitirles continuar operando.
La red habría aprovechado las facultades de inspección, supervisión y sanción de las áreas ambientales para amenazar a los concesionarios con cerrar sus líneas de verificación o impedir la revalidación de sus autorizaciones.
En otros casos, sus integrantes supuestamente simulaban actos administrativos para despojar a los legítimos propietarios de las concesiones otorgadas a su favor e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas.
Las negativas a pagar eran respondidas, según las denuncias, con amenazas de afectaciones administrativas, pérdida de permisos o posibles daños. Los pagos debían realizarse en efectivo y entregarse en un domicilio que ya habría sido identificado por las autoridades.
La Fiscalía calcula que el esquema producía varias decenas de millones de pesos mensuales mediante las cuotas exigidas para evitar el cierre de líneas de verificación. Los ingresos aumentarían con los cobros relacionados con la revalidación de autorizaciones, de acuerdo con información recabada por La Jornada.
Las acusaciones no se limitan a los centros de verificación vehicular. Empresarios gasolineros y gaseros también denunciaron haber sido víctimas de un mecanismo similar.
En estos casos, el procedimiento habría comenzado con la clausura de bombas o de estaciones completas bajo el argumento de haber detectado fugas, emisiones contaminantes u otras irregularidades.
Para retirar los sellos o permitir que los establecimientos reanudaran sus actividades, presuntamente se solicitaban pagos de entre 500 mil y 800 mil pesos en efectivo.
Otras denuncias señalan que numerosos verificentros habrían enfrentado cobros mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos, dependiendo del número de líneas o carriles de verificación que tuvieran autorizados.
Estas cantidades proceden de testimonios empresariales y todavía deberán ser acreditadas por el Ministerio Público ante la autoridad judicial, tal y como reportó el periódico Milenio.
Las denuncias llegaron a Palacio Nacional
Antes de las detenciones, los señalamientos contra los funcionarios habían sido presentados públicamente durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El periodista Carlos Domínguez, del medio Nación 14, expuso las denuncias que empresarios gasolineros y gaseros habían formulado desde mayo. Durante su intervención describió el presunto mecanismo de clausuras, amenazas y pagos en efectivo.
Los afectados afirmaron haber acudido previamente ante autoridades locales y haber entregado documentación sobre el caso a la gobernadora Delfina Gómez.
Sheinbaum pidió que las víctimas formalizaran las denuncias ante las autoridades correspondientes y ofreció facilitar el contacto con instancias federales para que se investigaran los hechos.
La Fiscalía del Estado de México señaló que la investigación continúa y que los dos detenidos no serían los únicos participantes.
Las autoridades buscan determinar la intervención de otros servidores públicos en activo, exfuncionarios y particulares que presuntamente colaboraron en la ejecución de clausuras, la presión contra los concesionarios, la recepción del dinero y los procedimientos para despojar a empresarios de sus autorizaciones.
El Ministerio Público también pretende contactar a más propietarios de verificentros que podrían haber sido víctimas, pero que no denunciaron por temor a represalias.
La incorporación de nuevos testimonios podría aumentar el número de casos investigados y modificar el cálculo de los recursos presuntamente obtenidos por la organización.
Las detenciones fueron ejecutadas mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía mexiquense, las fiscalías de Guerrero y de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las ligas con Puebla
El caso tiene una conexión directa con Puebla a través de Carlos Eduardo Solares Vega, quien desarrolló parte de su trayectoria reciente dentro de la administración pública estatal.
En 2021 se incorporó a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, durante el gobierno de Miguel Barbosa, en donde se desempeñó como director de la Unidad de Transparencia de y de Asuntos Jurídicos.
En febrero de 2023, Solares Vega fue promovido a la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Sustentabilidad Energética, desde donde intervino en asuntos relacionados con regulación, autorizaciones, inspección y política ambiental.
Después de dejar la administración poblana, en octubre de 2023, se incorporó al gobierno de Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México, donde asumió la Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera.
Esa área tiene relación directa con la regulación de fuentes contaminantes, los procedimientos de control ambiental y la operación de establecimientos sometidos a inspecciones.
Solares Vega fue detenido en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por una autoridad judicial mexiquense.
El exdiputado del verde
Raúl Piña Horta, por su parte, cuenta con una trayectoria política de varios años dentro del Partido Verde Ecologista de México.
Es licenciado en Derecho y fue diputado federal de ese partido en la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, entre 2003 y 2006. En ese periodo participó en la presentación de iniciativas sobre asuntos mercantiles, energéticos y ambientales.
Entre 2016 y 2023 habría desempeñado funciones como asesor jurídico y consejero político del Partido Verde. Para 2025 figuraba como integrante de la Comisión Nacional de Honor y Justicia del PVEM, órgano interno encargado de conocer controversias partidistas y revisar posibles infracciones a las normas de esa organización política.
Piña Horta se incorporó en 2023 al gobierno del Estado de México como titular de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. Su nombramiento coincidió con el comienzo de la administración de Delfina Gómez y con la llegada de perfiles del Partido Verde a áreas ambientales del gobierno estatal.
El funcionario fue localizado alrededor de las 7:30 de la mañana del lunes 10 de agosto en la colonia Club Deportivo de Acapulco, Guerrero, según la información consignada en el Registro Nacional de Detenciones.
