La detención de Kevin “N”, acusado de asesinar a Karla Bañuelos con un fusil AR-15 en plena vía pública, fue anunciada por el gobernador Pablo Lemus como un triunfo institucional. “En Jalisco, el que la hace la paga”, escribió en redes sociales. La afirmación encierra una lógica de justicia que llega tarde. Porque la violencia no comenzó con el disparo. Comenzó mucho antes. En el silencio. En la omisión. En los avisos ignorados.
Karla tenía 28 años y criaba sola a su hija de 12. Vivía en la colonia Balcones de Oblatos, donde fue asesinada a las 2:29 de la madrugada del 12 de julio. La escena quedó grabada: discute con el agresor, lo confronta, lo acusa. Él baja de su camioneta, abre la cajuela y extrae un arma de guerra. Dispara al aire, y después a la cabeza de Karla. La niña ve todo. Corre. Grita. El asesino huye.
Kevin “N” no era un desconocido para Karla. Tampoco para la autoridad. Según el colectivo Sororas Violetas Jalisco, ella había sido víctima de acoso sistemático. El agresor la buscaba, la hostigaba, insistía en tener una relación que ella no deseaba. La víctima dijo no. El agresor no aceptó. La Fiscalía estatal ahora lo busca por feminicidio, pero en ese entonces nadie actuó para protegerla. “Sabemos que ya había sido detenido por abuso sexual infantil. ¿Por qué estaba libre?”, preguntó el colectivo.
Esa pregunta atraviesa todo el caso. ¿Cómo es posible que un hombre con antecedentes por delitos sexuales tuviera acceso a un arma de uso militar? ¿Por qué, pese al hostigamiento denunciado, no se activaron mecanismos de protección? ¿Qué protocolos fallaron? Las instituciones respondieron una vez que Karla estaba muerta, pero no antes. El Estado, como tantas veces, llegó después del disparo.
La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que la investigación fue abierta bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género. Sin embargo, colectivos advierten que eso ocurrió solo cuando el crimen fue imposible de ocultar. “Si no hubiera video, si no fuera tan visible, tal vez ni siquiera lo estarían investigando como feminicidio”, denunció Ana Pérez Garrido, asesora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Para muchas mujeres, el caso de Karla refleja una falla estructural: la justicia llega solo cuando hay pruebas irrefutables, cuando hay presión mediática, cuando el cuerpo ya está sin vida. En los días previos al asesinato, la víctima había enfrentado sola el acoso. No tenía medidas de protección, ni vigilancia, ni respuesta oportuna de la policía. Ni siquiera contención.
“Este es un feminicidio que se pudo evitar”, insistió Cinthya Rodríguez, de Sororas Violetas. “Había señales. Ella no quería estar con él. Lo había dejado claro. Y aun así, nadie la protegió”. Esa frase —“se pudo evitar”— duele porque implica que hubo oportunidades perdidas. Duele porque, en muchos casos, las instituciones no fallan por desconocimiento, sino por omisión.
La camioneta del agresor fue localizada el 14 de julio en Tlajomulco de Zúñiga. A partir de ahí se desplegaron cateos y operativos que culminaron con la detención de Kevin “N” el 21 de julio. La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía estatal darán más detalles en breve. Pero la pregunta de fondo sigue viva: ¿por qué esperaron tanto?
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su horror por el crimen: “Es terrible, lamentable. Es un feminicidio y está ahí el Gabinete de Seguridad en todo lo que se necesite para apoyar a la Fiscalía de Jalisco”. La presidenta reiteró su compromiso con la creación de una Secretaría de las Mujeres y con reformas constitucionales en favor de la igualdad sustantiva. Pero colectivos feministas coinciden en que las reformas no bastan si no se aplican con fuerza en los territorios.
Entre enero y mayo de 2025, se han iniciado diez carpetas de investigación por feminicidio en Jalisco y 274 a nivel nacional. La cifra es escandalosa, pero revela una verdad aún más inquietante: la mayoría de los feminicidios pudieron haberse evitado si existiera una política de prevención eficaz, si las denuncias fueran atendidas con seriedad, si las instituciones funcionaran como escudo y no como trámite.
La detención de Kevin “N” puede marcar el inicio de un proceso penal. Pero no debe hacernos olvidar que Karla está muerta porque no fue protegida. Que su hija quedó huérfana porque nadie impidió que un hombre armado se sintiera con derecho a matarla. Y que mientras el Estado no actúe antes del crimen, seguirá siendo parte del problema.
