La historia de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, retrata cómo el poder político puede entrelazarse con redes delictivas. Su nombramiento, el 11 de diciembre de 2019, estuvo precedido por un informe de inteligencia que ya lo vinculaba con grupos criminales.
Sin embargo, el gobierno estatal desestimó las advertencias. Hoy, una orden de aprehensión y una alerta internacional lo colocan en el centro de una investigación que amenaza con salpicar a las más altas esferas del poder tabasqueño.
Según revelaciones del general Miguel Ángel López Martínez, Bermúdez es señalado como líder de La Barredora, grupo ligado al tráfico de hidrocarburos y con presencia en Villahermosa. También se le vincula con el CJNG y con Benjamín Mollinedo Montiel, alias “El Pantera”.
Cuatro documentos del Ejército, obtenidos tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional por el grupo Guacamaya, sustentan estas conexiones. La gravedad de las acusaciones no solo radica en los presuntos delitos, sino en la impunidad con la que habría operado desde el cargo más alto de la seguridad estatal.
La ruptura se produjo en enero de 2024, en medio de una ola de violencia y la militarización del estado. Aunque oficialmente su renuncia fue presentada tras el anuncio del despliegue de fuerzas federales, los señalamientos en su contra ya acumulaban meses.
El actual gobernador Javier May advirtió en noviembre de 2024 que no habría pactos con el crimen y exigió cuentas a los exfuncionarios. Desde entonces, la figura de Bermúdez ha encarnado el símbolo de una política de seguridad capturada por intereses ilícitos.
