La Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo la vinculación a proceso de Eduardo Daniel “N”, señalado como presunto reclutador, y de otras siete personas por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. La acusación se sustentó en el testimonio de una nueva víctima, cuyas declaraciones permitieron actualizar las carpetas abiertas desde 2024 tras el hallazgo del llamado Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán.
Además del presunto cabecilla, los procesados son Gustavo Ángel “N”, Kevin Martínez “N”, Luis Alberto “N”, Juan Manuel “N”, Armando “N”, Ricardo Augusto “N” y Erick “N”. Todos permanecerán en prisión preventiva durante un año, mientras avanzan los procesos correspondientes por al menos cinco causas previas en las que ya figuraban como imputados.
El Rancho Izaguirre fue intervenido por primera vez en septiembre de 2024, luego de un enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Tras ese operativo, el lugar quedó bajo resguardo de la Fiscalía estatal, pero fue hasta marzo de este año cuando volvió a ser noticia: integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron al predio y denunciaron la existencia de objetos personales, restos óseos y presuntos crematorios clandestinos.
La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas continúa investigando las posibles conexiones entre el sitio y múltiples desapariciones en la región. De acuerdo con la autoridad, las diligencias recientes permitieron judicializar nuevas pruebas y avanzar en la identificación de más responsables.
En un hecho relacionado, la Fiscalía también reportó la detención de dos policías municipales de San Cristóbal de la Barranca, junto con una mujer, por su probable participación en intentos de reclutamiento forzado. Según el informe, los oficiales fueron sorprendidos en la Nueva Central Camionera de Guadalajara cuando pretendían llevarse a dos jóvenes originarios de Michoacán, quienes habían sido engañados con una falsa oferta de trabajo en redes sociales.
La mujer, identificada como Andrea Montserrat “N”, confesó que debía entregar a los adolescentes —de 17 y 18 años— a los policías Marvin Alexis “N” y Ernesto “N”, quienes esperaban en el módulo 3 del inmueble. Los tres quedaron a disposición del Ministerio Público y enfrentan cargos por delitos vinculados al crimen organizado.
