La disputa por el predio Covadonga, propiedad de la Fundación Julita y Antonio, escaló hacia la esfera administrativa federal. El martes 26 de agosto, la organización detectó la instalación de un poste con mufa y medidor por parte de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el lindero norte del terreno ocupado ilegalmente desde febrero.
La respuesta fue inmediata: el representante legal de la Fundación, Jesús González Schmal, acudió al Órgano Interno de Control de la empresa para denunciar lo que consideró un acto irregular con implicaciones graves. El argumento central es que la Fundación es la única titular del contrato de suministro en la zona y, en consecuencia, cualquier instalación destinada a terceros carece de fundamento legal.
El antecedente es significativo. Desde el 9 de febrero, un grupo de personas se asentó en el predio Covadonga. Durante meses, recurrieron a conexiones clandestinas para tener electricidad. El propio personal de la CFE había intervenido en ocasiones anteriores para cortar los “diablitos” y normalizar la red. Sin embargo, la instalación de un poste con medidor implica que ahora podrían contar con suministro autorizado, lo que en la práctica consolida la ocupación irregular.
El documento entregado ante la autoridad interna sostiene que la maniobra constituye “complicidad explícita” en la comisión de un despojo. González Schmal advirtió que este tipo de conductas, de no ser sancionadas, sientan un precedente riesgoso en el que la infraestructura pública podría servir para legitimar apropiaciones ilegales de terrenos.
La Fundación exigió dos acciones inmediatas: retirar los equipos instalados y abrir un procedimiento de investigación contra los empleados que intervinieron en el terreno. Además, dejó abierta la posibilidad de ampliar la denuncia en otras instancias si no se atiende el reclamo.
La CFE no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. El caso exhibe las tensiones que genera la gestión de servicios públicos en contextos de conflictos por la tierra, donde la línea entre necesidad social y legalidad patrimonial suele ser frágil.
