Iván Rivera
El Ayuntamiento de Puebla recibió luz verde del Congreso local para concesionar durante 10 años los 401 paraderos del transporte público en la capital, a fin de permitir su aprovechamiento publicitario y obtener recursos para su rehabilitación.
La autorización fue aprobada por el Pleno con 33 votos a favor, cinco en contra y una abstención, luego de que la solicitud enviada por la administración del alcalde José Chedraui Budib fuera dictaminada por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.
Con este esquema, el gobierno municipal prevé recibir 43.8 millones de pesos durante el periodo de concesión. De ese monto, 15 millones de pesos serán entregados al inicio por la empresa que resulte ganadora, mientras que los 29.8 millones de pesos restantes corresponden a contraprestaciones anuales.
De acuerdo con lo expuesto previamente por el tesorero municipal, Héctor González Cobián, los primeros recursos que ingresen al Ayuntamiento serán destinados a la instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico en los paraderos, los cuales deberán contar con conexión a internet para su operación.
La empresa que obtenga la concesión también tendrá a su cargo la rehabilitación, mantenimiento y colocación de señalética en estos puntos de espera del transporte público, siendo esta parte de las obligaciones establecidas en el proyecto autorizado.
El dictamen fue elaborado por la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, presidida por la diputada del PVEM, Guadalupe Vargas Vargas, donde la propuesta había sido aprobada desde el 2 de diciembre del año pasado.
Para evitar incumplimientos, el Ayuntamiento deberá realizar revisiones anuales y aleatorias sobre el estado de los paraderos y el cumplimiento del contrato, además, en caso de irregularidades o malos manejos, la concesión podrá enfrentar sanciones, incluida su revocación.
La solicitud tuvo que pasar por el Congreso debido a que el plazo de la concesión rebasa el periodo de la actual administración municipal. Por ley, cuando un Ayuntamiento busca comprometer bienes o servicios más allá de su gestión, requiere el aval del Poder Legislativo.
